El Gobierno destina 25 millones para atender a los menores llegados a Ceuta y prepara el traslado de un millar a otras comunidades.
El Gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores extranjeros no acompañados (MENAs) llegados a Ceuta durante los últimos días y prepara el traslado de alrededor de un millar de ellos a otras comunidades autónomas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido la colaboración de las autonomías, especialmente de las gobernadas por el Partido Popular, con el objetivo de completar el proceso en menos de quince días.
El Ejecutivo ha puesto en marcha un plan extraordinario para reforzar la atención a los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada durante los últimos días. La medida contempla una dotación económica de 25 millones de euros destinada a reforzar los recursos de acogida y financiar el proceso de redistribución territorial de estos menores.
La iniciativa llega en un contexto de elevada presión sobre los servicios de protección de la ciudad autónoma, cuya capacidad de acogida se ha visto comprometida por el incremento del número de menores bajo tutela de la administración.
El Gobierno considera necesario activar un mecanismo de solidaridad entre comunidades autónomas para aliviar la carga asistencial que soporta Ceuta y garantizar la atención de los menores conforme al marco legal vigente.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confirmó que el Ejecutivo ya trabaja con distintas administraciones para organizar el traslado de aproximadamente un millar de menores hacia otros territorios del país.
El objetivo fijado por el Gobierno consiste en que estos traslados puedan completarse en un plazo inferior a quince días, siempre que exista la colaboración necesaria por parte de las comunidades autónomas implicadas.
El plan contempla el traslado de un millar de menores
Según la información facilitada por el Ejecutivo, el dispositivo de redistribución permitirá trasladar a cerca de mil menores desde Ceuta hasta diferentes comunidades autónomas.
La planificación busca repartir la atención entre los distintos sistemas autonómicos de protección de menores con el fin de evitar la saturación de los recursos disponibles en la ciudad autónoma.
La ministra Elma Saiz ha señalado que el Gobierno mantiene contactos con las administraciones regionales para coordinar el operativo y establecer el número de plazas disponibles en cada territorio.
El Ejecutivo considera que este mecanismo permitirá ofrecer una atención más adecuada a los menores mientras se tramitan sus expedientes y se determina su situación administrativa.
Los traslados deberán desarrollarse bajo la coordinación de los servicios competentes de protección de menores y respetando las garantías previstas en la legislación española e internacional sobre infancia.
Las autoridades competentes también deberán evaluar las circunstancias individuales de cada menor antes de formalizar cualquier traslado.
El Gobierno ha explicado que la partida extraordinaria anunciada permitirá financiar tanto la acogida inmediata como los costes derivados del proceso de redistribución entre comunidades.
Entre las actuaciones previstas se incluyen el refuerzo de los centros de acogida, la contratación de personal especializado, la atención sanitaria, el apoyo educativo y los servicios sociales necesarios para garantizar la protección de los menores.
El Ejecutivo reclama la colaboración de las comunidades autónomas
Uno de los aspectos centrales del plan pasa por la participación de las comunidades autónomas en el sistema de reparto previsto por el Gobierno.
Durante su intervención pública, la ministra Elma Saiz solicitó expresamente la colaboración de las regiones gobernadas por el Partido Popular para facilitar el proceso de acogida.
El Ejecutivo sostiene que la protección de los menores constituye una responsabilidad compartida entre las distintas administraciones públicas y que la cooperación institucional resulta esencial para afrontar una situación de elevada presión migratoria.
La petición se produce en un contexto de debate político sobre el modelo de distribución de menores extranjeros no acompañados entre las distintas comunidades.
En ocasiones anteriores, varios gobiernos autonómicos han manifestado posiciones diferentes respecto al sistema de reparto propuesto por el Ejecutivo central, tanto por motivos de capacidad asistencial como por criterios de financiación.
El Gobierno defiende que la distribución territorial constituye un instrumento previsto para garantizar una atención equilibrada cuando una comunidad autónoma soporta una presión extraordinaria sobre sus recursos de protección.
Por el momento, el Ejecutivo no ha detallado el número concreto de menores que correspondería acoger a cada comunidad autónoma ni el criterio definitivo que se aplicará para efectuar el reparto.
Tampoco se ha informado sobre la fecha exacta en la que comenzarán los primeros traslados.
Las reuniones técnicas entre la Administración General del Estado y las comunidades continúan con el objetivo de concretar el operativo durante los próximos días.
Ceuta afronta una fuerte presión sobre sus recursos de acogida
La llegada masiva de personas registrada en Ceuta durante los últimos días ha incrementado notablemente el número de menores extranjeros que permanecen bajo tutela de la administración local.
Los sistemas de protección de la ciudad autónoma cuentan con una capacidad limitada, diseñada para atender cifras muy inferiores a las registradas durante esta crisis.
Las autoridades locales han advertido en diversas ocasiones sobre la necesidad de recibir apoyo económico y logístico por parte del Estado cuando se producen incrementos extraordinarios en la llegada de menores.
El Gobierno considera que la financiación extraordinaria aprobada permitirá reforzar de manera inmediata la respuesta institucional mientras se completa la redistribución territorial prevista.
Los menores extranjeros no acompañados que llegan a territorio español pasan a quedar bajo la protección de las administraciones competentes en materia de infancia, con independencia de su situación administrativa.
La legislación española establece que las administraciones deben garantizar su atención, alojamiento, asistencia sanitaria, escolarización y protección jurídica mientras permanezcan bajo tutela.
Una vez formalizada la tutela administrativa, los servicios de protección elaboran una valoración individual de cada caso para determinar las actuaciones posteriores conforme a la normativa vigente.
El Ejecutivo sostiene que la combinación entre financiación extraordinaria y redistribución territorial permitirá aliviar la presión asistencial sobre Ceuta y garantizar unas condiciones de atención adecuadas para los menores.
Durante las próximas semanas continuará la coordinación entre el Gobierno central, la ciudad autónoma y las comunidades autónomas para desarrollar el operativo previsto.
Las autoridades mantienen como prioridad la protección de los menores y la continuidad de los servicios esenciales mientras avanza la gestión administrativa derivada de esta situación excepcional.
El desarrollo definitivo del plan dependerá del grado de colaboración institucional y de la disponibilidad de plazas de acogida que puedan ofrecer las distintas comunidades autónomas dentro de sus respectivos sistemas de protección de menores.
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