La Justicia investiga al diputado ceutí Mohamed Navil Rahal por presunta prevaricación y malversación en contratos de la Fiesta del Cordero.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha citado como investigado para el próximo 22 de septiembre al diputado no adscrito de la Asamblea Mohamed Navil Rahal dentro de una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. La investigación se centra en la adjudicación de un contrato superior a 2,3 millones de euros para la instalación y gestión de mataderos provisionales durante la Fiesta del Cordero a una empresa administrada por su esposa.
La investigación judicial analiza la adjudicación de un contrato millonario
La causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta examina la adjudicación del servicio de instalación y gestión de mataderos provisionales para la celebración del Eid al-Adha, conocido como la Fiesta del Cordero. El contrato tiene una duración de cuatro años, con un importe de 2,313 millones de euros y la posibilidad de una prórroga que elevaría su cuantía total.
La empresa adjudicataria, Herederos de M. Jimena S.L., está administrada por la esposa de Mohamed Navil Rahal, un hecho que constituye uno de los principales elementos bajo investigación. La mujer del diputado también ha sido citada por el juzgado, aunque en calidad de testigo.
La investigación judicial tiene su origen en una denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que solicitó esclarecer si durante el procedimiento de contratación pudieron cometerse irregularidades con relevancia penal. Inicialmente, la denuncia hacía referencia a posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, si bien la investigación judicial incluye presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Según la documentación incorporada al procedimiento, el contrato contempla la instalación de siete mataderos portátiles destinados a facilitar el sacrificio ritual durante la festividad musulmana del Eid al-Adha, una celebración con una amplia implantación entre la comunidad musulmana de Ceuta.
La adjudicación del servicio se produjo tras un proceso de licitación en el que participaron varias empresas. La oferta económicamente más baja fue excluida al ser considerada anormalmente reducida, resultando finalmente adjudicataria la sociedad administrada por la esposa del diputado.
El procedimiento examina la relación entre decisiones políticas y la adjudicación
Uno de los aspectos que analiza la investigación es la secuencia de acontecimientos previa a la adjudicación del contrato.
Según la información incorporada a la denuncia, Mohamed Navil Rahal apoyó los presupuestos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, unas cuentas que incrementaron la partida destinada al servicio de los mataderos provisionales. Posteriormente, la empresa administrada por su esposa obtuvo la adjudicación del contrato.
Los investigadores examinan si existió alguna relación entre ambas circunstancias o si el procedimiento de contratación se ajustó plenamente a los principios de legalidad, concurrencia y transparencia previstos en la normativa de contratación pública. Hasta el momento, el juzgado no ha formulado conclusiones sobre el fondo del asunto.
La denuncia también hacía referencia a la formalización del contrato mientras permanecía pendiente un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, circunstancia que forma parte de la documentación remitida al juzgado para su valoración.
El incremento del presupuesto destinado a este servicio también figura entre los elementos analizados durante la instrucción. La cuantía del nuevo contrato supera en más de un 50 % la del anterior, según la información publicada sobre el expediente administrativo.
No obstante, la apertura de diligencias y la citación como investigado no implican la existencia de responsabilidad penal ni suponen una condena, sino que forman parte del procedimiento judicial destinado a determinar si existen indicios suficientes para continuar la causa.
La declaración está prevista para el 22 de septiembre
El juzgado ha fijado para el próximo 22 de septiembre la comparecencia de Mohamed Navil Rahal y de la consejera de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Kissy Chandiramani, ambos en calidad de investigados dentro del mismo procedimiento. La esposa del diputado comparecerá como testigo.
Durante esa fase de la instrucción, la magistrada recabará las declaraciones de los implicados y podrá acordar nuevas diligencias en función del resultado de las comparecencias.
El procedimiento continúa en fase de investigación, por lo que todavía no existe una resolución sobre el fondo del asunto ni se ha determinado si los hechos investigados darán lugar a la apertura de juicio oral. La instrucción tiene como objetivo reunir pruebas y esclarecer si el proceso de adjudicación del contrato se desarrolló conforme a la legislación vigente.
La investigación ha adquirido relevancia política en Ceuta debido a la condición de diputado del principal investigado y a la importancia económica del contrato objeto de análisis. El caso también ha suscitado debate sobre los mecanismos de control en la contratación pública y la gestión de los recursos destinados a servicios relacionados con celebraciones de interés social y religioso.
Mientras avanza la instrucción, el principio de presunción de inocencia continúa siendo plenamente aplicable a todas las personas investigadas. Será el desarrollo del procedimiento judicial el que determine si existen responsabilidades penales o si, por el contrario, la causa concluye sin apreciar irregularidades constitutivas de delito.
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