Los menores extranjeros no acompañados con residencia legal aumentan un 168 % desde 2021, según datos oficiales del OPI.
El número de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados de entre 16 y 23 años con autorización de residencia en vigor ha aumentado un 168 % en España desde junio de 2021, según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). A esta evolución se suma la reciente incorporación de alrededor de 1.500 menores identificados en Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio, cuya reubicación prepara el Gobierno.
El número de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados con autorización de residencia en vigor ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos cinco años, de acuerdo con las estadísticas oficiales del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los datos muestran que, a 31 de marzo de 2026, un total de 21.104 personas de entre 16 y 23 años disponían de autorización de residencia en vigor bajo esta categoría administrativa. La cifra contrasta con las 7.878 registradas al inicio de la serie estadística, correspondiente a junio de 2021, lo que supone un incremento aproximado del 168 %.
La estadística se refiere exclusivamente a menores tutelados y jóvenes extutelados de entre 16 y 23 años que cuentan con documentación de residencia legal en España.
Por tanto, no incluye a los menores de 16 años ni a quienes todavía no han regularizado su situación administrativa, por lo que el número total de menores extranjeros no acompañados presentes en España puede diferir del reflejado en esta operación estadística.
El incremento coincide con la aplicación de las reformas introducidas en la normativa de extranjería durante los últimos años, que facilitaron la obtención de autorizaciones de residencia y trabajo para este colectivo.
Las cifras oficiales del Observatorio Permanente de la Inmigración
El Observatorio Permanente de la Inmigración publica trimestralmente esta estadística elaborada a partir de los datos del Registro Central de Extranjeros y de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Su objetivo consiste en ofrecer información sobre las personas extranjeras de entre 16 y 23 años que disponen de autorización de residencia como menores no acompañados o jóvenes extutelados.
Según la última actualización correspondiente al 31 de marzo de 2026, el total ascendía a 21.104 personas.
De ellas, aproximadamente el 81 % corresponde a jóvenes extutelados de entre 18 y 23 años, mientras que el 19 % restante son menores de 16 y 17 años bajo tutela de los servicios de protección.
El informe también refleja que el 56 % de estas personas figuraban afiliadas a la Seguridad Social en la fecha de referencia, principalmente mediante contratos indefinidos dentro del Régimen General.
Entre las principales actividades económicas destacan la hostelería, las actividades administrativas y auxiliares y la construcción.
En cuanto a las nacionalidades, Marruecos continúa siendo el país de origen más representado dentro del colectivo, aunque su peso porcentual se ha reducido respecto a ejercicios anteriores debido al incremento de otras nacionalidades como Gambia, Argelia y Senegal.
La situación tras la entrada masiva en Ceuta
El aumento de personas con autorización de residencia coincide con la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta a finales de julio.
Según las cifras comunicadas por el Gobierno, alrededor de 1.500 menores extranjeros no acompañados fueron registrados e identificados dentro del sistema de acogida de la ciudad autónoma tras la entrada masiva producida durante aquellos días.
El Ejecutivo trabaja actualmente en un plan para trasladar a estos menores a distintas comunidades autónomas con el objetivo de aliviar la presión sobre los recursos de acogida existentes en Ceuta.
La distribución territorial ha generado un intenso debate político entre el Gobierno central y diversas administraciones autonómicas.
Algunas comunidades han mostrado su disposición a colaborar en el proceso, mientras que otras han expresado reservas sobre el sistema de reparto planteado por el Ejecutivo.
El Ministerio de Inclusión sostiene que la actuación responde a los mecanismos previstos para garantizar la atención y protección de los menores no acompañados.
Por su parte, diferentes gobiernos autonómicos han solicitado mayor coordinación institucional y recursos adicionales para afrontar la acogida.
Las cifras correspondientes a los menores identificados en Ceuta no forman parte todavía de la estadística del Observatorio Permanente de la Inmigración, ya que esta únicamente contabiliza a quienes disponen de autorización administrativa en vigor.
Una evolución marcada por la reforma de extranjería
Especialistas en política migratoria destacan que parte del crecimiento observado desde 2021 guarda relación con las modificaciones introducidas en la normativa de extranjería.
La reforma aprobada ese año redujo los plazos para documentar a los menores no acompañados y facilitó el acceso a autorizaciones que incluyen el derecho a trabajar a partir de los 16 años.
Posteriormente, la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería mantuvo buena parte de esos cambios.
El objetivo declarado de estas reformas consistía en favorecer la integración administrativa y laboral de los menores tutelados y de los jóvenes que abandonan el sistema de protección al alcanzar la mayoría de edad.
Los datos publicados por el OPI muestran un incremento continuado tanto en el número de autorizaciones concedidas como en la incorporación de este colectivo al mercado laboral.
No obstante, la estadística no ofrece información sobre los menores de 16 años ni sobre quienes permanecen pendientes de regularizar su situación documental.
Por ese motivo, distintas organizaciones recuerdan que las cifras oficiales reflejan únicamente una parte del conjunto de menores extranjeros no acompañados presentes en España.
El seguimiento de este fenómeno continúa siendo uno de los principales indicadores utilizados por las administraciones para evaluar la evolución del sistema de protección de menores y las políticas migratorias dirigidas a este colectivo.
Mientras tanto, el reciente aumento de llegadas registrado en Ceuta vuelve a situar el debate sobre la acogida, la distribución territorial y la gestión administrativa de los menores extranjeros no acompañados entre los asuntos prioritarios de la agenda política española.
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