La Comunidad de Madrid denuncia que 134 expedientes de expulsión de menores extranjeros permanecen sin tramitar.
La Comunidad de Madrid ha denunciado que el Gobierno mantiene sin tramitar 134 expedientes de expulsión de menores extranjeros no acompañados (MENAs) considerados conflictivos, según una información publicada por El Confidencial (EC). El Ejecutivo madrileño atribuye la situación a la falta de actuación de la Delegación del Gobierno, mientras el Gobierno central sostiene que la legislación exige garantizar el interés superior del menor antes de adoptar cualquier medida de repatriación.
La gestión de los menores extranjeros no acompañados vuelve a situarse en el centro del debate político tras la denuncia formulada por la Comunidad de Madrid sobre la paralización de expedientes de expulsión.
Según la información publicada por El Confidencial (EC), el Ejecutivo autonómico sostiene que existen 134 expedientes correspondientes a menores considerados conflictivos que permanecen sin tramitar por parte de la Administración General del Estado.
La Comunidad de Madrid atribuye esta situación a la falta de actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid, encabezada por Francisco Martín.
Por su parte, el Gobierno defiende que la normativa vigente obliga a verificar previamente que cualquier medida de retorno garantice el interés superior del menor, requisito establecido tanto por la legislación española como por diversos tratados internacionales.
La discrepancia entre ambas administraciones se produce en un momento de especial presión sobre los sistemas de protección de menores, tras el incremento de llegadas registrado en distintos puntos del territorio nacional.
La cuestión vuelve a poner sobre la mesa el reparto competencial entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado en materia de protección de menores y política migratoria.
La Comunidad de Madrid reclama mayor actuación del Estado
El Gobierno de la Comunidad de Madrid sostiene que la permanencia sin resolver de estos expedientes dificulta la gestión de los centros de protección de menores.
Según la administración autonómica, los expedientes afectan a menores cuya conducta habría generado problemas de convivencia o incidencias dentro del sistema de protección.
El Ejecutivo madrileño considera que corresponde al Estado impulsar los procedimientos administrativos relacionados con la posible repatriación de estos menores cuando concurran las circunstancias previstas en la legislación.
Desde el área de Asuntos Sociales se insiste en que las comunidades autónomas asumen la tutela y protección de los menores, mientras que determinadas actuaciones administrativas relacionadas con extranjería corresponden al Estado.
La Comunidad sostiene que la falta de resolución de estos expedientes incrementa la presión sobre los recursos asistenciales disponibles.
El Ejecutivo autonómico ha venido reclamando en distintas ocasiones una mayor coordinación institucional para agilizar los procedimientos cuando resulte posible conforme al marco jurídico vigente.
La cuestión forma parte del debate existente entre distintas administraciones sobre la gestión del sistema de acogida y protección de menores extranjeros no acompañados.
Hasta el momento, la Comunidad de Madrid no ha precisado públicamente el estado individual de cada uno de los expedientes citados.
El Gobierno recuerda las garantías legales
Frente a las críticas formuladas por la Comunidad de Madrid, el Gobierno mantiene que cualquier procedimiento de retorno debe ajustarse estrictamente a la legislación española e internacional.
La normativa establece que toda decisión relacionada con menores extranjeros debe atender prioritariamente al denominado interés superior del menor.
Este principio obliga a valorar de forma individualizada cada expediente antes de adoptar una resolución sobre una eventual repatriación.
Entre los aspectos que deben analizarse figuran la situación familiar del menor, las condiciones existentes en el país de origen y la posibilidad de garantizar una adecuada protección tras el retorno.
La legislación española también contempla la intervención del Ministerio Fiscal y de las autoridades competentes en protección de menores durante la tramitación de estos procedimientos.
Las decisiones no pueden adoptarse de forma automática y requieren un análisis específico de las circunstancias de cada caso.
El Gobierno sostiene que la mera existencia de incidencias de convivencia o problemas disciplinarios no determina por sí sola la posibilidad de acordar una expulsión.
Cada expediente debe cumplir los requisitos establecidos por la Ley de Extranjería, la normativa de protección de menores y los convenios internacionales suscritos por España.
Un debate abierto sobre la gestión de los MENAs
La situación de los menores extranjeros no acompañados constituye uno de los principales retos para los sistemas de protección gestionados por las comunidades autónomas.
En los últimos años, el incremento de llegadas ha obligado a ampliar recursos de acogida y reforzar los dispositivos destinados a atender a estos menores.
Las administraciones autonómicas reclaman con frecuencia una mayor implicación del Estado tanto en la financiación como en la coordinación de los procedimientos administrativos.
Al mismo tiempo, el Gobierno central recuerda que España está obligada a cumplir las garantías previstas en la legislación nacional y en los tratados internacionales sobre derechos de la infancia.
Diversos organismos nacionales e internacionales han señalado reiteradamente que cualquier decisión relativa a menores debe realizarse mediante procedimientos individualizados y con pleno respeto a sus derechos.
El debate también afecta al reparto de competencias entre las distintas administraciones implicadas.
Mientras las comunidades autónomas asumen la tutela y atención directa de los menores, determinadas actuaciones administrativas corresponden a la Administración General del Estado.
La coordinación entre ambos niveles administrativos resulta esencial para el funcionamiento del sistema de protección.
En paralelo, continúan desarrollándose distintas iniciativas para redistribuir menores entre comunidades autónomas y reforzar la capacidad de acogida en los territorios que soportan mayor presión.
Las discrepancias políticas sobre la gestión de estos procedimientos han aumentado durante los últimos meses coincidiendo con el incremento de la presión migratoria en distintos puntos del país.
Por el momento, no consta que exista una modificación normativa que altere los procedimientos actualmente vigentes para la tramitación de expedientes de retorno de menores extranjeros no acompañados.
Mientras continúa el intercambio de posiciones entre ambas administraciones, los expedientes mencionados por la Comunidad de Madrid permanecen en el centro del debate político sobre la gestión migratoria y la protección de la infancia.
Las próximas actuaciones dependerán tanto de la evolución administrativa de cada expediente como de la coordinación que puedan alcanzar las distintas administraciones implicadas en esta materia.
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