Interior niega que exista un informe policial que implique a Marruecos en la crisis de Ceuta tras la difusión de documentos atribuidos al CENIF.
La publicación de un informe atribuido al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha abierto un nuevo frente político e institucional sobre la crisis migratoria vivida en Ceuta a finales de julio. Mientras diversos medios sostienen que el documento advertía con antelación de una llegada masiva de inmigrantes y apuntaba a una presunta participación de agentes marroquíes, el Ministerio del Interior rechaza esa interpretación y asegura que no existe ningún informe policial que atribuya la planificación de los hechos a las autoridades de Marruecos.
La controversia se desencadenó tras la difusión de informaciones periodísticas que atribuyen al CENIF, unidad de inteligencia dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, un informe remitido antes del 30 de julio en el que se alertaba del riesgo de una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
Según esas publicaciones, el documento recogía indicios sobre la preparación de la operación en territorio marroquí, incluyendo la compra de flotadores, comunicaciones entre presuntos organizadores y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes. También se afirmaba que el informe identificaba a policías y agentes de inteligencia de Marruecos supuestamente implicados en la organización de los hechos.
Las mismas informaciones sostienen que el documento advertía además de la posible entrada de catorce presuntos terroristas, cuyo paradero continuaría siendo desconocido, y que toda esta información habría sido remitida a la Secretaría de Estado de Seguridad antes de que se produjera la llegada masiva de inmigrantes.
El contenido atribuido al informe
Los detalles publicados por distintos medios describen un informe de inteligencia con abundante documentación gráfica y diversas conclusiones sobre el desarrollo de los acontecimientos.
De acuerdo con esas informaciones, el CENIF habría concluido que la finalidad migratoria constituía únicamente la cobertura formal de una operación organizada desde Marruecos con objetivos distintos.
El documento, siempre según las informaciones difundidas, señalaría que numerosos inmigrantes fueron guiados hasta la frontera por gendarmes marroquíes uniformados y por agentes vestidos de paisano.
Asimismo, se afirma que los investigadores recopilaron imágenes tomadas antes y durante la llegada masiva a las playas de Ceuta, fotografías que servirían como base para sostener esa hipótesis.
Entre los elementos mencionados también aparecen conversaciones entre organizadores, movimientos logísticos previos y compras de material que, presuntamente, facilitarían el cruce de miles de personas hacia territorio español.
Diversas fuentes jurídicas citadas por algunos medios consideran que estas conclusiones podrían constituir un punto de partida para futuras investigaciones judiciales sobre lo ocurrido durante aquellos días.
No obstante, hasta el momento no se ha hecho público el contenido íntegro del supuesto informe ni existe confirmación oficial de las conclusiones atribuidas al documento.
La reacción del Ministerio del Interior
La publicación de estas informaciones provocó una rápida reacción del Ministerio del Interior.
Durante la madrugada posterior a su difusión, el ministro Fernando Grande-Marlaska remitió una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, solicitando con la mayor brevedad toda la información relativa al informe del CENIF publicado por la prensa.
Según el contenido de esa comunicación, el ministro calificó dicha información como esencial para que tanto él como el Gobierno pudieran ejercer adecuadamente sus responsabilidades en materia de política interior, política exterior y defensa del Estado.
Horas después, el propio Ministerio emitió un comunicado oficial en el que negó categóricamente la existencia de un informe policial que atribuya a autoridades policiales marroquíes la planificación de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
Interior explicó que esa era la información trasladada personalmente al ministro por el director general de la Policía Nacional.
El departamento dirigido por Grande-Marlaska también quiso precisar el alcance de otro documento policial fechado el 29 de julio.
Según el Ministerio, ese aviso consistía en una alerta de riesgo habitual remitida a los puestos fronterizos y no contenía ninguna referencia a una entrada masiva prevista para el día siguiente.
Además, Interior señaló que aquel informe calificaba el riesgo como extremo, pero otorgándole una probabilidad media-baja, circunstancia que, según el departamento ministerial, resulta compatible con los procedimientos ordinarios de evaluación de riesgos utilizados por las unidades policiales.
De esta manera, el Gobierno rechazó las interpretaciones que presentan aquel documento como una advertencia concreta sobre la magnitud exacta de los acontecimientos que terminarían produciéndose.
Reacciones políticas e institucionales
La polémica ha provocado numerosas reacciones desde distintos ámbitos políticos e institucionales.
La ministra de Sanidad, Mónica García, manifestó públicamente que, si las informaciones publicadas fueran correctas, la situación sería grave porque implicaría la participación de Marruecos en los acontecimientos.
Al mismo tiempo, trascendió que el director general de la Policía convocó una reunión con responsables de Extranjería para analizar la situación generada tras la difusión de las informaciones periodísticas.
Ese encuentro tuvo lugar después de que el ministro solicitara formalmente aclaraciones sobre el contenido del supuesto informe.
Mientras tanto, continúan produciéndose interpretaciones enfrentadas sobre el alcance real de la documentación policial.
Por un lado, las informaciones periodísticas sostienen que el CENIF disponía de abundantes pruebas documentales sobre la organización de la operación desde territorio marroquí.
Por otro, el Ministerio insiste en que no existe ningún informe oficial que respalde esa conclusión y mantiene que los documentos existentes responden a los habituales sistemas de evaluación preventiva utilizados por las fuerzas de seguridad.
El debate también ha alcanzado el ámbito judicial.
Algunas fuentes consultadas por diversos medios consideran que la documentación publicada podría tener relevancia procesal si llegara a incorporarse a procedimientos abiertos sobre la crisis migratoria.
Sin embargo, por el momento no consta que dichas conclusiones hayan sido confirmadas oficialmente dentro de una investigación judicial.
La controversia se produce además en un contexto especialmente sensible para las relaciones entre España y Marruecos, marcadas en las últimas semanas por el incremento de la tensión política derivada de la crisis de Ceuta.
El intercambio de versiones entre el Gobierno y los medios que publicaron las informaciones mantiene abierto un debate sobre el contenido real de los informes policiales, el funcionamiento de los sistemas de inteligencia preventiva y la gestión institucional de aquella crisis.
Mientras tanto, las distintas administraciones continúan ofreciendo versiones diferentes sobre el alcance de las alertas previas y sobre la posible implicación de terceros en la organización de la llegada masiva de inmigrantes.
A la espera de que puedan conocerse nuevos documentos o actuaciones judiciales, el contenido del supuesto informe del CENIF continúa siendo objeto de interpretaciones contrapuestas entre las informaciones periodísticas y la versión oficial defendida por el Ministerio del Interior.
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