Llarena revalida la retirada de la orden de detención a Puigdemont tras asumir la doctrina del Constitucional sobre la amnistía.
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha revalidado su decisión de dejar sin efecto las órdenes nacionales de busca, captura y detención dictadas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig. El instructor de la causa del procés desestima así el recurso de reforma planteado por la acusación popular y asume el criterio fijado por el Tribunal Constitucional en el recurso de amparo de Dolors Bassa.
Aplicación de la doctrina constitucional sobre la malversación
El instructor de la causa penal en el Tribunal Supremo ha dictado una nueva resolución en la que ratifica el levantamiento cautelar de las medidas restrictivas de libertad que pesaban en España sobre los encausados huidos de la justicia. La decisión se fundamenta en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que estimó el recurso de amparo presentado por la exconsellera Dolors Bassa. En dicha resolución, el máximo órgano garante de la Constitución determinó que el delito de malversación derivado de los gastos del referéndum del 1 de octubre debe quedar plenamente amparado por la Ley de Amnistía.
La resolución del magistrado desestima de forma categórica el recurso de reforma interpuesto por la acusación popular ejercida por Vox, que solicitaba el mantenimiento de las órdenes de arresto. El juez Llarena argumenta que, una vez fijado el criterio por parte del Pleno del Tribunal Constitucional respecto al alcance de la amnistía en el delito de malversación, resulta obligado adaptar el escenario procesal de la causa cautelar para no contradecir el marco de tutela de derechos de los procesados.
El pronunciamiento supone el paso definitivo en la revisión de los criterios que la Sala Penal del Tribunal Supremo había mantenido hasta la fecha sobre el alcance de la norma amnistiadora. Aunque el magistrado incluye en sus fundamentos jurídicos consideraciones sobre la vinculación de la doctrina constitucional, concluye que el mantenimiento de las medidas cautelares resultaría incoherente con los mandatos de la sentencia de amparo del órgano de garantías.
Fin del arresto nacional para Puigdemont, Comín y Puig
El auto dictado por la Sala Penal del Supremo beneficia de manera directa al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los antiguos integrantes del Govern autonómico Toni Comín y Lluís Puig. Tras este dictamen, decaen los mandamientos dirigidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la localización y puesta a disposición judicial de los tres encausados dentro del territorio nacional. La decisión implica la supresión inmediata de cualquier alerta policial activa derivada de las actuaciones del procedimiento principal del procés.
Esta decisión judicial altera de forma sustancial la situación procesal que los tres procesados mantenían desde el año 2017. La inexistencia de órdenes de detención activas elimina la eventualidad de un arresto preventivo automático en caso de que los tres políticos decidan cruzar la frontera y regresar a territorio español. Las defensas letradas de los procesados habían supeditado el retorno de sus representados al levantamiento formal de estas medidas cautelares por parte del juez instructor.
La resolución confirma de forma paralela la invalidez de cualquier orden de búsqueda internacional o europea que pudiera derivarse de los mismos hechos. Los mandamientos que permanecían formalmente archivados provisionalmente en el ámbito de la cooperación judicial europea quedan definitivamente sin efecto jurídico práctico. La situación procesal de Puigdemont, Comín y Puig pasa a homologarse procesalmente a la de los dirigentes políticos que ya han sido amparados por los tribunales.
Impacto de la sentencia del Constitucional en la causa penal
La resolución de la Sala de lo Penal del Supremo se apoya de forma directa en el fallo dictado por el Pleno del Tribunal Constitucional a propósito del recurso de la exconsellera Bassa. En dicha resolución, el tribunal de garantías estableció por mayoría que la interpretación previa del Supremo —según la cual el uso de fondos públicos para el procés constituía un beneficio personal no amnestiable— vulneraba la legislación aprobada por las Cortes Generales. El Constitucional obligó a rehacer los pronunciamientos que excluían la malversación de la norma.
El criterio fijado por el órgano constitucional obligaba a la Sala de lo Penal y al juez instructor a reconsiderar el tratamiento judicial de la malversación imputada en el procedimiento. Al no concurrir, según la doctrina constitucional, un beneficio patrimonial de carácter personal en la desviación de fondos para la consulta soberanista, el delito entra dentro del perímetro objetivo fijado por la ley aprobada por el Parlamento.
Con la desestimación del recurso de la acusación popular, la causa penal en el Supremo entra en su fase final de resolución. La Sala de lo Penal deberá proceder a la extinción formal de la responsabilidad penal de los procesados una vez se completen los trámites de audiencia previstos. Esta decisión del juzgador reordena de forma definitiva el panorama jurídico del independentismo catalán y abre el camino para el archivo de las actuaciones judiciales vigentes.





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