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Manos Limpias denuncia al Defensor del Pueblo por el recurso sobre el voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos

Manos Limpias denuncia al Defensor del Pueblo por el recurso sobre el voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos.

El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional sobre el derecho de voto de los nacionalizados al amparo de la denominada Ley de Nietos. Mientras tanto, el Pleno del Tribunal Constitucional debatirá esta semana si admite a trámite ese recurso, que solicita restablecer cautelarmente el derecho al sufragio de los afectados en las próximas elecciones generales.

Manos Limpias dirige su denuncia contra el Defensor del Pueblo

El sindicato Manos Limpias ha formalizado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por un presunto delito de prevaricación administrativa previsto en el Código Penal.

La iniciativa judicial tiene su origen en el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional contra el auto del Tribunal Supremo que suspendió cautelarmente el derecho de voto de los ciudadanos nacionalizados mediante la conocida como Ley de Nietos para las próximas elecciones generales.

En el escrito, Manos Limpias sostiene que la actuación del Defensor del Pueblo excede las funciones que la Constitución y la legislación atribuyen a esta institución.

Según la organización denunciante, el recurso de amparo constituiría un intento de dejar sin efecto una resolución judicial mediante el uso de una vía constitucional.

En su argumentación, Manos Limpias afirma que el Gobierno estaría utilizando la figura del Defensor del Pueblo para impugnar indirectamente una decisión del Tribunal Supremo.

El sindicato asegura que la interposición del recurso supone un supuesto abuso del derecho y un fraude de ley.

Además, considera que la actuación podría encajar en el tipo penal de prevaricación administrativa, extremo que ahora corresponde valorar al Tribunal Supremo.

Por el momento, la presentación de la denuncia no implica la apertura automática de un procedimiento penal.

Será el alto tribunal quien deba decidir si aprecia indicios suficientes para admitir a trámite la iniciativa o si, por el contrario, procede su archivo.

Ni el Tribunal Supremo ni el Defensor del Pueblo habían informado, en el momento de conocerse la denuncia, sobre decisiones adoptadas respecto a este nuevo procedimiento.

La institución del Defensor del Pueblo actúa con autonomía constitucional y está facultada para interponer recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional cuando considera que pueden haberse vulnerado derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional decidirá si admite el recurso de amparo

Paralelamente a la presentación de la denuncia, el Tribunal Constitucional afrontará esta semana una decisión clave sobre el recurso promovido por el Defensor del Pueblo.

La Sala Segunda del tribunal decidió elevar el asunto al Pleno para que sea el conjunto de magistrados quien determine si procede admitir a trámite la impugnación.

La decisión fue adoptada tras la deliberación de los magistrados Enrique Arnaldo, Ramón Sáez y María Luisa Balaguer.

Una vez analizada la relevancia jurídica del asunto, la Sala consideró oportuno que la decisión correspondiera al Pleno del órgano de garantías.

La reunión plenaria comenzará este martes.

Entre los asuntos previstos figura precisamente el análisis del recurso presentado por el Defensor del Pueblo.

El objetivo del recurso consiste en solicitar el restablecimiento cautelar del derecho de voto de los ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Nietos para que puedan participar en las próximas elecciones generales mientras se resuelve el fondo del procedimiento.

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse inicialmente sobre la admisión o inadmisión del recurso.

En caso de ser admitido, ello no supone un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino únicamente el inicio de su tramitación.

Posteriormente, el tribunal resolvería sobre las medidas cautelares solicitadas y, finalmente, sobre la cuestión de fondo.

El Pleno está integrado actualmente por doce magistrados, con una composición en la que siete pertenecen al sector considerado progresista y cinco al conservador.

No obstante, las resoluciones del Tribunal Constitucional se adoptan tras la deliberación jurídica de sus miembros y conforme a los procedimientos establecidos en la legislación que regula su funcionamiento.

El debate jurídico gira en torno al alcance de la Ley de Nietos y del derecho de sufragio

La controversia judicial se enmarca en los procedimientos derivados de la aplicación de la denominada Ley de Nietos, una normativa que ha permitido acceder a la nacionalidad española a descendientes de españoles residentes en el extranjero que cumplen los requisitos establecidos por la legislación.

En los últimos meses, distintos procedimientos judiciales han analizado aspectos relacionados con la aplicación práctica de esta norma.

Entre ellos figura la decisión cautelar adoptada por el Tribunal Supremo respecto al ejercicio del derecho de voto de determinados nacionalizados mientras se resuelven diversos recursos pendientes.

El Defensor del Pueblo sostiene que la suspensión cautelar del sufragio podría afectar a un derecho fundamental reconocido por la Constitución.

Por ese motivo decidió acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.

Por su parte, los promotores de la denuncia consideran que esa actuación invade el ámbito propio de las resoluciones judiciales y cuestionan la utilización de este mecanismo constitucional.

La decisión que adopte el Tribunal Constitucional durante los próximos días será relevante para determinar la continuidad del procedimiento.

En esta fase procesal, el tribunal únicamente resolverá sobre la admisión a trámite del recurso.

Las cuestiones relativas al fondo del litigio y a las medidas cautelares deberán analizarse posteriormente si el recurso supera ese primer examen de admisibilidad.

Mientras tanto, la denuncia presentada por Manos Limpias seguirá su propio recorrido procesal ante el Tribunal Supremo, que deberá decidir si aprecia base jurídica suficiente para iniciar actuaciones o si procede su archivo.

La evolución de ambos procedimientos será seguida con atención debido a sus posibles implicaciones jurídicas sobre la interpretación de la Ley de Nietos, el ejercicio del derecho de sufragio de los ciudadanos afectados y el alcance de las competencias constitucionales del Defensor del Pueblo. Hasta que los órganos judiciales adopten sus respectivas resoluciones, las distintas posiciones expresadas por las partes mantienen el debate dentro del ámbito estrictamente procesal y pendiente de pronunciamiento definitivo por parte de los tribunales competentes.

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