El Gobierno planea retirar aceite de oliva del mercado para estabilizar precios ante una cosecha abundante

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España ha propuesto una medida drástica para abordar la crisis de los bajos precios de...

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España ha propuesto una medida drástica para abordar la crisis de los bajos precios del aceite de oliva en origen, que han generado pérdidas significativas para los productores: la retirada obligatoria de producto del mercado. Esta iniciativa, que se enmarca en un proyecto de Orden ministerial cuya consulta pública finalizó el 2 de julio de 2025, busca estabilizar los precios en la campaña 2025-2026, especialmente ante la previsión de una cosecha abundante que podría agravar el desequilibrio entre oferta y demanda.

El precio del aceite de oliva virgen extra en origen ha caído drásticamente, situándose en torno a los 3,5 euros por kilo en Jaén, muy por debajo de los costes de producción, que según los agricultores rondan los 5,55-6,14 euros por kilo. Esta situación ha generado un descontento generalizado en el sector, que denuncia que los bajos precios no cumplen con la Ley de la Cadena Alimentaria y amenazan la viabilidad económica de las explotaciones, especialmente las tradicionales. La propuesta del Gobierno consiste en autorizar la retirada temporal de aceite del mercado cuando las condiciones lo justifiquen, almacenándolo hasta la siguiente campaña o destinándolo a usos no alimentarios, como la producción de biocombustibles, para evitar que un exceso de oferta hunda aún más los precios.

La medida, que cuenta con el respaldo de organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA, no se aplicará a la campaña actual, sino que entrará en vigor a partir de octubre de 2025, con el inicio de la campaña 2025-2026. Sin embargo, no todos los productores están plenamente convencidos de su efectividad. Algunos, como Luis Carlos Valero, gerente de Asaja Jaén, advierten que la retirada puede ser un "arma de doble filo", ya que implica costes de almacenamiento y depende de un análisis preciso del enlace (la cantidad de aceite disponible al final de una campaña) y las perspectivas de la próxima cosecha. Por su parte, Juan Luis Ávila, de COAG Andalucía, destaca que, aunque es positivo contar con este mecanismo, no está garantizado que la próxima cosecha sea tan abundante como se espera debido a problemas como la vecería, plagas como el algodoncillo y las altas temperaturas estivales.

El Ministerio justifica la medida por la alta variabilidad en la producción de aceite de oliva, que alterna años de cosechas abundantes con otros de rendimientos bajos, un fenómeno conocido como vecería. Las lluvias abundantes de la primavera de 2025 han generado optimismo sobre una cosecha superior a la media, con estimaciones que superan las 1,4 millones de toneladas, frente a las 850.000 toneladas de la campaña anterior. Sin embargo, esta mayor producción podría saturar el mercado y mantener los precios en niveles insostenibles para los olivareros.

La retirada de aceite no es una medida nueva, ya que el Real Decreto 84/2021 y la normativa comunitaria permiten a los estados miembros activar mecanismos de autorregulación para estabilizar el mercado. En el pasado, entre 2019 y 2020, se retiraron 200.000 toneladas mediante almacenamiento privado con ayudas de la Unión Europea, aunque los resultados no fueron los esperados debido a factores como la pandemia y los aranceles estadounidenses. La nueva norma, que requiere la consulta previa con comunidades autónomas y representantes del sector, busca ser más efectiva al establecer un marco obligatorio que abarque a todos los operadores.

El sector agrario, aunque apoya la iniciativa, insiste en la necesidad de investigar posibles prácticas especulativas que podrían estar forzando los precios a la baja. Organizaciones como COAG han solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que analice si existen acuerdos comerciales que perjudiquen a los productores. Además, se reclama una mayor promoción del aceite de oliva, tanto en el mercado nacional como internacional, y medidas para reforzar la calidad, como la mejora de los paneles de cata y la protección de las denominaciones de origen.

Esta estrategia del Gobierno ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos ven en la retirada una herramienta clave para proteger a los olivareros, otros advierten que podría no ser suficiente si no se acompaña de políticas que fomenten el consumo y combatan la especulación. En un contexto de creciente competencia internacional, con países como Marruecos, Túnez y China incrementando sus producciones, el futuro del sector olivarero español, que representa el 80% de la producción nacional en Andalucía, sigue siendo un desafío estructural.