El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, ha ordenado este viernes, 20 de junio de 2025, a la Unidad Ce...
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, ha ordenado este viernes, 20 de junio de 2025, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a la sede nacional del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, para clonar la cuenta de correo electrónico corporativa del exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán. Esta medida se enmarca en la investigación de una presunta trama de corrupción relacionada con adjudicaciones irregulares de obras públicas a cambio de comisiones, en la que también están implicados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Según el auto judicial de 46 páginas, el juez requiere al PSOE que facilite la entrada de los agentes para acceder y clonar los contenidos de la cuenta de correo que Cerdán utilizaba en el partido, así como cualquier otra cuenta corporativa empleada exclusivamente por él. El magistrado fundamenta esta decisión en un informe de la UCO del 5 de junio, que señala "consistentes indicios" de que Cerdán proporcionó su correo corporativo a Koldo García para recibir "comunicaciones relevantes" relacionadas con la trama.
La operación, ejecutada de manera inmediata tras la difusión del auto, no se considera un registro de la sede del PSOE, sino un requerimiento específico de información digital. Tres agentes de la UCO, equipados con maletines, se personaron en Ferraz para llevar a cabo la tarea, que se realizó de forma discreta. Además, el juez ha autorizado diligencias similares en el Ministerio de Transportes, donde se clonará el correo del exministro Ábalos, y en las oficinas de Adif y la Dirección General de Carreteras, para obtener expedientes de adjudicaciones de obras bajo sospecha, como las de Sant Feliu de Llobregat, Murcia, Monforte, Asturias, y varios proyectos viales en La Rioja, Sevilla, Úbeda, Teruel y el Camino de Santiago.
El auto también ordena investigar el patrimonio de Cerdán, incluyendo cuentas bancarias, bienes inmuebles y vehículos, excluyendo aquellos vinculados al PSOE o la Fundación Pablo Iglesias. Además, se han imputado a cinco empresarios relacionados con las adjudicaciones sospechosas, cuyas cuentas y empresas también serán examinadas. La UCO investigará cerca de 500 cuentas bancarias en total.
Cerdán, quien renunció a su escaño como diputado y, por tanto, a su aforamiento, ha sido citado a declarar como investigado el 30 de junio, tras solicitar un aplazamiento para preparar su defensa. El juez ha rechazado, por ahora, registrar su domicilio o despacho, como pedía la acusación popular liderada por el Partido Popular, al considerar que Cerdán ya estaba al tanto de la investigación y podría haber destruido pruebas.
La investigación apunta a una presunta red de cobro de comisiones, con pagos que podrían ascender a 620.000 euros solo de la empresa Acciona, según la UCO. El informe destaca la "discrecionalidad" en las adjudicaciones del Ministerio de Transportes y el rol de Cerdán, quien, pese a no ostentar cargos en el Gobierno, habría influido en decisiones clave.
Esta operación ha generado un fuerte impacto político, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificándola como "la causa de corrupción más grave de la democracia" y exigiendo elecciones anticipadas. El PSOE, por su parte, no ha emitido declaraciones oficiales, aunque la vicepresidenta María Jesús Montero afirmó que no hay preocupación en el Gobierno por las declaraciones de Cerdán o Ábalos, quienes ya no forman parte del partido.
La entrada de la UCO en Ferraz marca un hito en la investigación del caso Koldo, que continúa sacudiendo al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, mientras se esperan nuevas revelaciones sobre las contrataciones públicas durante la pandemia.





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