Ramón Alzórriz, vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra (PSN) y número dos de la presidenta María Chivite, anunció su dimis...
Ramón Alzórriz, vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra (PSN) y número dos de la presidenta María Chivite, anunció su dimisión de ambos cargos tras revelarse que su pareja trabajó entre 2021 y 2024 en Servinabar, una empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el marco de la investigación del caso Koldo. La dimisión, comunicada en una comparecencia urgente en Pamplona a las 20:30 CEST, se produce en medio de un creciente escándalo de corrupción que sacude al PSOE, poniendo en jaque la credibilidad del gobierno navarro y generando presión sobre Chivite para que también abandone su puesto.
El detonante de la renuncia fue la pérdida de confianza de Chivite, quien, según Alzórriz, desconocía por completa la relación laboral de su pareja con Servinabar hasta que él mismo se lo comunicó tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este informe, desvelado la semana anterior, señala que Cerdán poseía el 45% de las acciones de Servinabar, una constructora que habría recibido adjudicaciones públicas millonarias en Navarra, como la duplicación de los túneles de Belate por 76 millones de euros. Alzórriz explicó que su pareja, que previamente tenía un empleo precario, fue contratada en el área de Prevención de Riesgos Laborales gracias a su mediación con el propietario de la empresa, Antxon Alonso, aunque aseguró no tener conocimiento de la participación de Cerdán en la misma hasta que salió a la luz.
La dimisión no incluye la renuncia a su acta de diputado en el Parlamento de Navarra, una decisión que ha levantado críticas, ya que el aforamiento como parlamentario podría facilitarle una defensa judicial frente a futuras investigaciones. Alzórriz defendió su salida como un “ejercicio de honestidad”, destacando su lealtad hacia Chivite y el partido, a quienes describieron como “honestos” y “leales con Navarra”. Sin embargo, la oposición, liderada por la Unión del Pueblo Navarro (UPN), ha exigido la dimisión inmediata de Chivite, argumentando que su gobierno está “rodeado de mentira y corrupción”. Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, calificó el caso como una prueba más de la implicación de Cerdán en una red de amaños, señalando que Chivite no puede ignorar su responsabilidad como jefa del Ejecutivo foral.
El escándalo se enmarca en el caso Koldo, que investiga presuntas comisiones ilegales en contratos públicos durante la pandemia, implicando a Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García. Servinabar aparece como una pieza clave en esta trama, y la vinculación de la pareja de Alzórriz ha intensificado las sospechas sobre posibles favores en las adjudicaciones. Chivite, por su parte, había reaccionado ordenando análisis de las cuentas del PSN durante la etapa de Cerdán y anunciando la personación del gobierno navarro como acusación particular en el caso, aunque ha negado cualquier ilegalidad y ha reafirmado su intención de seguir al frente del Ejecutivo.
La situación ha generado una ola de reacciones en Navarra y más allá. Mientras algunos sectores del PSOE ven la dimisión de Alzórriz como un intento de contener el daño, otros, como Vox, han acusado a Chivite de encubrir la corrupción, exigiendo su salida. En redes sociales, el tema ha desatado un debate intenso, con opiniones divididas entre quienes apoyan la gestión de Chivite y quienes la consideran cómplice de una red clientelar. La presión sobre la presidenta podría aumentar si surgen nuevos detalles, especialmente tras la reciente comparecencia de Pedro Sánchez, quien calificó el caso como una “anécdota” en el Congreso, una declaración que ha sido duramente criticada y que podría agravar la crisis interna del partido a nivel nacional.





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