Escándalo en Navarra: Santos Cerdán, clave en la obtención de 40 millones para contrato vinculado a su empresa

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra en el centro de una controversia tras revelarse que negoció directamen...

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra en el centro de una controversia tras revelarse que negoció directamente con el Ministerio de Transportes, durante la gestión de José Luis Ábalos (2018-2021), para asegurar una subvención de 40 millones de euros destinada a un megacontrato de obra pública en Navarra. Según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esta operación benefició a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que incluía a Servinabar 2000 SL, una compañía en la que Cerdán tenía una participación del 45%, según un contrato privado hallado en 2024. La noticia, publicada por *El Mundo* el 29 de junio de 2025, ha desatado un escándalo político que pone en cuestión la transparencia en la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Ábalos como ministro.

El proyecto en cuestión es la duplicación de los túneles de Belate y Almándoz, una obra estratégica en la carretera N-121-A de Navarra, adjudicada en enero de 2024 por el Gobierno regional de María Chivite (PSOE) por 76 millones de euros a una UTE formada por Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000. La UCO señala que Cerdán, entonces número tres del PSOE y sin cargo oficial en el Gobierno navarro, participó activamente en las negociaciones con el Ministerio de Transportes para obtener una subvención estatal que cubriera más de la mitad del costo del proyecto. Esta ayuda, confirmada en octubre de 2024 por el actual ministro Óscar Puente, se fraccionó en tres pagos: 15 millones en 2023, 15 millones en 2024 y 10 millones en 2025, a pesar de la ausencia de presupuestos generales aprobados.

La investigación de la UCO, que forma parte del caso que involucra a Cerdán, Ábalos y el exasesor de este último, Koldo García, sugiere que la adjudicación estuvo plagada de irregularidades. Documentos intervenidos revelan que Servinabar, una empresa pequeña con un capital social de apenas 3.000 euros y sin experiencia significativa en proyectos de esta envergadura, obtuvo una puntuación técnica inusualmente alta (46,22 sobre 50), lo que generó tres votos en contra en la mesa de contratación, incluido el del interventor y el secretario. Estas discrepancias, denunciadas por Unión del Pueblo Navarro (UPN) y un particular, apuntan a posibles maniobras para favorecer a la UTE.

El caso se complica con el hallazgo de un contrato privado, fechado el 1 de junio de 2016, que acredita que Cerdán adquirió el 45% de Servinabar por 6.000 euros, firmado con el empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola. Aunque Cerdán ha negado rotundamente ser accionista, la UCO lo vincula directamente con la empresa, que también participó en otros contratos millonarios en Navarra, como la construcción de 46 viviendas de protección oficial por 7,8 millones de euros. Los investigadores sospechan que Servinabar pudo haber sido utilizada como tapadera para canalizar comisiones, ya que no está claro qué valor añadido aportaba a las UTE con constructoras de mayor envergadura como Acciona.

La trama, que según la UCO se originó en Navarra en 2015, involucra a Cerdán, Ábalos y Koldo García en una presunta red de corrupción que se extendió a nivel nacional tras la llegada del PSOE al Gobierno en 2018. Grabaciones incautadas a Koldo revelan conversaciones sobre pagos de comisiones, incluyendo 550.000 euros para Ábalos por adjudicaciones en Murcia y otros 450.000 euros pendientes por obras en La Rioja, Sevilla y Tarragona, todas vinculadas a Acciona. La UCO también señala que Cerdán gestionaba los pagos de estas supuestas mordidas, mientras Koldo actuaba como recaudador y Ábalos ejercía influencia desde el Ministerio.

El caso ha generado tensiones internas en el PSOE. Cerdán, que renunció como diputado y secretario de Organización tras las revelaciones, era un hombre de confianza de Pedro Sánchez, clave en la negociación de la investidura con Carles Puigdemont. Su implicación ha llevado a Ábalos, ahora en el Grupo Mixto tras su expulsión del PSOE, a anunciar que colaborará con la justicia, señalando a Cerdán como el epicentro de la trama y sugiriendo que actuaba con el visto bueno de Sánchez.

La oposición, liderada por el PP, ha intensificado sus críticas, exigiendo explicaciones al Gobierno y citando al administrador de Servinabar en el Senado. Mientras tanto, la presidenta navarra, María Chivite, ha defendido la legalidad de la adjudicación, pero el caso sigue generando dudas sobre la gestión de fondos públicos. La investigación, a cargo del Tribunal Supremo debido al aforamiento de Ábalos y Cerdán hasta hace poco, continúa analizando grabaciones y documentos para determinar el alcance de la presunta red de corrupción.

Este escándalo no solo pone en entredicho la integridad de figuras clave del PSOE, sino que también amenaza con erosionar la confianza en la gestión de contratos públicos, en un contexto donde el Ministerio de Transportes maneja uno de los mayores presupuestos del Gobierno español.