La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró recientemente el domicilio del exministro José Luis Ábalos en Valencia como p...
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró recientemente el domicilio del exministro José Luis Ábalos en Valencia como parte de la investigación del llamado "caso Koldo", en el que se investigan presuntos sobornos vinculados a contratos públicos amañados. El objetivo principal del registro fue encontrar documentación que pudiera permitir verificar si Ábalos recibió comisiones ilegales de empresas constructoras que habrían obtenido adjudicaciones durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes.
La hipótesis de la UCO sostiene que Koldo García, antiguo asesor de Ábalos, habría ejercido como intermediario entre constructoras y el entonces ministro. Según informes policiales, empresas como Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), Áridos Anfersa SL y Obras Públicas y Regadíos SA participaron en múltiples contratos por más de 54 millones de euros, con presuntas comisiones destinadas a Aldama, considerado el “conseguidor” principal del esquema.
En el marco de esta operación, la UCO halló en el teléfono móvil del gestor Víctor de Aldama el contrato de compra de un local en Valencia a nombre de Ábalos, adquirido unas horas después de que se firmara una orden ministerial que multiplicó por dos el volumen de compra de mascarillas a una empresa vinculada al mismo Aldama. Este hallazgo refuerza la versión de la UCO sobre posibles ingresos vinculados a favores institucionales.
Por otra parte, Ábalos ha denunciado que parte de la investigación se realizó de forma irregular. Afirma que la UCO intervino documentación personal en su domicilio mediante un operativo organizado sin autorización del Tribunal Supremo —único órgano competente debido a su condición de aforado—, lo que considera una violación al secreto de las comunicaciones. Según el exministro, el sobre interceptado estaba cerrado y se trataba de correspondencia personal enviada a través de su exasesor, sin que mediara instrucción judicial.
La UCO sostiene en cambio que el sobre intervino ya estaba abierto cuando los agentes lo localizaron y subrayan que se trataba de uno de los documentos que Koldo García entregó a su hermano Joseba para que este se lo llevara a Ábalos a Valencia. Además, las autoridades han recabado fotografías y registros de vigilancia de esa entrega realizada el 4 de noviembre de 2023 mientras los implicados transitaban entre Madrid y Valencia .
La Guardia Civil continúa desentrañando la trama, analizando comunicaciones entre Aldama, Koldo y otras figuras implicadas —incluida la vinculación con la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez—, los movimientos de fondos para la compra de un chalet en La Línea de la Concepción, y la adquisición de un piso en Madrid supuestamente alquilado a una persona de su entorno.
Por ahora, Ábalos no ha sido formalmente imputado, aunque la UCO ha pedido su imputación, basada en indicios de posible participación como intermediario en contratos sospechosos . Se han presentado recursos ante el Supremo, entre ellos la denuncia por presunta investigación ilegal. El juez Leopoldo Puente sigue en instrucción, y la causa avanza hacia un análisis detallado de la documentación y los movimientos financieros en busca de un vínculo concreto entre adjudicaciones públicas y pagos presuntamente corruptos.
El caso plantea preguntas clave sobre posibles irregularidades en la gestión ministerial, la legalidad de los registros judiciales y la existencia de un entramado de comisiones entre altos cargos, asesores y empresas. La investigación avanza con registro de inmuebles, análisis de móviles y testigos, en un proceso que revela redes supuestamente ocultas de tráfico de influencias.
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