Quince alcaldes de PSOE y Compromís desvían 34 millones a la trama de Ábalos a través de contratos municipales

Ha salido a la luz una investigación que apunta a que quince alcaldes de PSOE y Compromís habrían canalizado un total de 34 millones de euro...

Ha salido a la luz una investigación que apunta a que quince alcaldes de PSOE y Compromís habrían canalizado un total de 34 millones de euros más impuestos hacia Levantina Ingeniería y Construcción, SL (LIC), una constructora bajo escrutinio del Tribunal Supremo por su presunta vinculación con la trama de corrupción conocida como Koldo-Ábalos-Cerdán. Estas adjudicaciones, acumuladas desde 2017 a lo largo de más de ocho años, revelan un patrón sistemático de contratos públicos otorgados bajo administraciones locales de izquierda, con un enfoque notable en la Comunidad Valenciana y otros bastiones socialistas en España. La revelación, basada en datos recopilados por medios independientes, ha intensificado las sospechas sobre una red de influencias que podría extenderse desde los ayuntamientos hasta la cúpula del PSOE.

Entre los alcaldes señalados, destacan figuras como Joan Ribó (Valencia), Santiago Llorente (Leganés) y Quico Toscano (Dos Hermanas), quienes habrían contribuido con cerca de 19 millones de euros en contratos a LIC, según los detalles desglosados. En Valencia, Ribó habría aprobado adjudicaciones por obras de infraestructuras urbanas, mientras que Llorente, en Leganés, habría favorecido a la empresa en proyectos de rehabilitación de espacios públicos. Toscano, por su parte, está vinculado a contratos para la mejora de viales en Dos Hermanas. Otros municipios, como Alcora (Castellón), donde el socialista Samuel Falomir adjudicó 4,2 millones para un instituto, o Jávea (Alicante), con José Chulvi y un contrato de 399.947 euros que quedó sin ejecutar, completan el mapa de esta red. Estas asignaciones, muchas tratadas mediante procedimientos simplificados con rebajas significativas y poca competencia, han levantado alarmas sobre posibles amaños.

La trama Koldo-Ábalos-Cerdán, que involucra al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha sido investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) por presuntas comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. LIC, propiedad de José Ruz, emerge como un nexo clave, con evidencias de comunicaciones encriptadas y pagos recurrentes a los implicados, según los informes judiciales. La sucesión de contratos municipales desde 2017 sugiere que la red podría haber utilizado a alcaldes locales como piezas estratégicas para alimentar el esquema, aprovechando su control sobre licitaciones de bajo perfil pero de alto impacto económico.

La oposición, liderada por el PP y Vox, ha calificado la situación como "un escándalo de proporciones históricas" y exige una investigación exhaustiva, mientras que el PSOE ha evitado pronunciarse directamente, limitándose a señalar que las adjudicaciones se realizan "conforme a la ley". Sin embargo, publicaciones encontradas en X reflejan un creciente malestar ciudadano, con críticas que van desde acusación de "corrupción estructural" hasta demandas de dimisiones. Analistas sugieren que el caso podría agravar la crisis política del Gobierno de Pedro Sánchez, ya bajo presión por otros escándalos, y poner en jaque la legislatura si se confirman vínculos directos con la dirección del partido. La Guardia Civil continúa analizando documentación incautada en registros recientes, y el Tribunal Supremo podría ampliar las imputaciones en las próximas semanas.