Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacudido el panorama político español al certificar que las órd...
Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacudido el panorama político español al certificar que las órdenes para amañar contratos provenían de un cargo superior a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, y al desvelar cuatro conversaciones que sugieren que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, tenía conocimiento de la trama de corrupción que involucra a Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización Santos Cerdán. La revelación, que amplía el alcance del caso Koldo, ha intensificado la crisis en el PSOE y ha avivado las demandas de dimisión de Sánchez, mientras la oposición y la opinión pública exigen una investigación exhaustiva.
El informe, entregado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, detalla que las directrices para manipular adjudicaciones de obra pública, valoradas en más de 637 millones de euros, emanaban de un alto cargo del partido o del Gobierno, cuya identidad no se especifica pero que estaría por encima de Ábalos en la jerarquía socialista durante su etapa como ministro (2018-2021). Entre las pruebas clave figuran cuatro grabaciones obtenidas de los dispositivos intervenidos a Koldo García, donde se mencionan reuniones y acuerdos con figuras de alto nivel, incluyendo referencias implícitas a Sánchez. En una de las conversaciones, fechada en abril de 2021, Koldo le dice a Cerdán: "El recado llegó arriba, lo sabe todo el que manda", en alusión a un conocimiento generalizado en la cúpula del PSOE. Otra grabación de diciembre de 2023 captura a Koldo lamentándose ante Cerdán: "Le hice favores al jefe y ahora me quiere muerto", sugiriendo una traición tras el cese de Ábalos.
La UCO señala que estas conversaciones, junto con mensajes interceptados, indican que Sánchez podría haber sido informado de las irregularidades al menos desde 2020, cuando comenzaron a surgir rumores internos sobre los amaños en el Ministerio de Transportes. El informe sugiere que el cese de Ábalos en julio de 2021 no fue solo por su vida personal, como se afirmó entonces, sino también por la presión de la cúpula socialista para distanciarse de la trama, un movimiento que no evitó que el escándalo escalara con las detenciones de 2024. Además, se identifican pagos de comisiones por valor de 620.000 euros gestionados por Cerdán, con Acciona y otras constructoras como beneficiarias, lo que refuerza la hipótesis de una red organizada desde el poder.
La noticia ha desencadenado una tormenta política. El PP y Vox han calificado el informe como "la prueba definitiva" de la implicación de Sánchez, exigiendo su dimisión inmediata y una moción de censura, mientras que el PSOE ha emitido un comunicado defendiendo la "colaboración total" con la justicia y negando que Sánchez tuviera conocimiento previo. Sin embargo, la presión interna crece, con rumores de una posible purga en Ferraz y la convocatoria de un congreso extraordinario. En redes sociales, el hashtag #SánchezDimisión se ha disparado, reflejando un creciente malestar ciudadano, mientras analistas advierten que el caso podría derivar en una crisis de gobernabilidad si se confirman las acusaciones. El juez Puente ha citado a declarar a varios implicados, incluido Cerdán, para el 25 de junio, y no se descarta que el foco se amplíe a otros miembros del Ejecutivo.





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