Comisión Europea, bajo Von der Leyen, evita investigar corrupción del PSOE y deja a España el caso de malversación de fondos UE

La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, ha optado por desentenderse de las acusaciones de corrupción que afectan al Partido...

La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, ha optado por desentenderse de las acusaciones de corrupción que afectan al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), afirmando que la responsabilidad de investigar recae exclusivamente en las autoridades españolas, pese a los crecientes indicios de malversación de fondos europeos vinculados al caso Koldo. Esta postura, expresada por el comisario de Justicia, Michael McGrath, durante una rueda de prensa en Bruselas, se produce en un momento de intensa presión política, con el Tribunal Supremo y la Fiscalía Europea explorando posibles destinos de millones de euros de los fondos Next Generation destinados a España. La decisión ha avivado las críticas de la oposición española y sectores de la sociedad civil, que ven en esta actitud una maniobra para proteger al Gobierno de Pedro Sánchez, clave aliado de Von der Leyen en la UE.

El caso Koldo, que implica a figuras como el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos, centra sus sospechas en contratos irregulares por más de 537 millones de euros, de los cuales una parte significativa podría provenir de fondos europeos. La Unidad Central Operativa (UCO) ha documentado indicios de comisiones ilegales y posible ocultación de patrimonio en Suiza, lo que ha llevado a la Fiscalía Europea a manifestar su disposición a intervenir si se confirman las irregularidades. Sin embargo, la Comisión Europea ha insistido en que, según el marco legal de la UE, la investigación inicial corresponda a España, limitándose a señalar que la Oficina Europea Antifraude (OLAF) podría actuar solo si se presenta evidencia concreta de fraude transnacional. McGrath afirmó: "La responsabilidad principal de investigar las denuncias de corrupción recae en el Estado miembro", impidiendo comprometer a la Comisión en un análisis directo.

Esta postura contrasta con la vigilancia estricta que Bruselas ha ejercido sobre otros países, como Hungría y Polonia, donde se han suspendido fondos por preocupaciones sobre el Estado de derecho. Fuentes de la oposición, como el PP, han cuestionado la coherencia de Von der Leyen, cuya relación personal con Sánchez —reforzada por acuerdos políticos en el Consejo Europeo— podría influir en la decisión. Algunas publicaciones encontradas en X reflejan un sentimiento de desconfianza, con usuarios sugiriendo que la Comisión protege a Sánchez para mantener la estabilidad del bloque, aunque estas opiniones carecen de pruebas concluyentes. Por su parte, el Gobierno español ha defendido su compromiso con la transparencia, prometiendo colaborar con la justicia, mientras la Eurocámara ha aprobado enmiendas que critican la opacidad de Madrid y la falta de diligencia de Bruselas en auditar los fondos.

El caso ha escalado tras la detención de dos hombres en Las Palmas por filtrar datos de Sánchez y ministros, lo que podría estar relacionado con la presión sobre el Ejecutivo. Los expertos legales advierten que, si se confirma la malversación de fondos UE, España podría enfrentar sanciones o la congelación de nuevas partidas, afectando su plan de recuperación. Sin embargo, la Comisión ha retrasado cualquier acción concreta, citando la necesidad de un informe sobre el Estado de derecho en España, esperado para la próxima semana. Esta aparente pasividad ha alimentado especulaciones sobre un doble rasero en la aplicación de las normas europeas, dejando a la justicia española como único árbitro en un caso que podría tener repercusiones políticas y económicas significativas.