El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado una reforma histórica en su Código Ético, aprobada durante su última reunión del Co...
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado una reforma histórica en su Código Ético, aprobada durante su última reunión del Comité Federal, que establece la expulsión inmediata de cualquier militante que solicite o consuma servicios de prostitución. Esta medida, presentada como un refuerzo a los valores de igualdad y feminismo del partido, entrará en vigor tras su ratificación en el próximo Congreso Federal, previsto para noviembre, y busca alinear las conductas de sus miembros con las políticas abolicionistas que el PSOE lleva defendiendo desde 2019. La decisión, tomada en un contexto de creciente presión social y política sobre la trata de personas, ha generado reacciones diversas, desde el respaldo de sectores feministas hasta críticas por su carácter punitivo y la posible hipocresía en su aplicación.
La reforma modifica un párrafo específico del artículo 9 de los estatutos del partido, introduciendo una cláusula que prohíbe explícitamente el consumo de servicios sexuales remunerados, considerándolo incompatible con la militancia socialista. Según fuentes internas, la iniciativa responde a la necesidad de proyectar coherencia tras años de promesas para abolir la prostitución, un compromiso que Pedro Sánchez reafirmó en el 40º Congreso del PSOE en 2021, calificándola como una forma de "esclavitud moderna". El texto aprobado también prevé la creación de una comisión interna para investigar denuncias y garantizar que las sanciones sean aplicadas de manera uniforme, aunque no detalla cómo se verificarán las acusaciones, lo que ha levantado dudas sobre posibles abusos o filtraciones. La medida se enmarca en un esfuerzo por endurecer la postura del partido frente a la demanda de sexo pago, un mercado que, según estimaciones de 2016 de la ONU, genera 3.7 mil millones de euros anuales en España.
El anuncio llega en un momento delicado para el PSOE, que enfrenta críticas por escándalos de corrupción como el caso Koldo y tensiones con sus socios de coalición, Unidas Podemos, donde persisten divisiones sobre la regulación versus la abolición de la prostitución. Algunos sectores del partido ven esta reforma como una maniobra para reforzar la imagen de Sánchez de cara a las elecciones autonómicas de 2026, especialmente tras la polémica por la filtración de la absolución de Josep Lluís Trapero. Sin embargo, la medida ha sido celebrada por organizaciones feministas como APRAMP, que ven en ella un paso hacia la erradicación de la explotación sexual, mientras que otros, incluidos algunos militantes, la consideran excesiva, argumentando que penaliza conductas privadas sin abordar las causas estructurales como la pobreza o la trata.
En redes sociales, la noticia ha desatado un torbellino de opiniones. Algunos usuarios aplauden la coherencia del PSOE con su discurso de igualdad, mientras otros la tildan de "populismo moralista" o cuestionan si el partido investigará a fondo a sus propios miembros, incluyendo figuras prominentes. La oposición, especialmente Vox y el PP, ha aprovechado para acusar al PSOE de hipocresía, recordando casos pasados de corrupción vinculados a comportamientos similares, como el escándalo Mediator. Por su parte, el partido ha insistido en que esta reforma es un compromiso ético y no una herramienta política, aunque la falta de detalles sobre su implementación mantiene viva la controversia. Con esta decisión, el PSOE se posiciona como pionero entre los partidos europeos en sancionar internamente el consumo de prostitución, un paso que podría influir en otros movimientos socialdemócratas, pero que también arriesga profundizar las divisiones internas en un verano ya cargado de desafíos políticos.
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