El gobierno de España, liderado por el presidente Pedro Sánchez, ha anunciado el 1 de julio de 2025 la creación de un grupo especializado de...
El gobierno de España, liderado por el presidente Pedro Sánchez, ha anunciado el 1 de julio de 2025 la creación de un grupo especializado dentro del marco de la Seguridad Nacional para abordar lo que denomina "campañas de desinformación". Este organismo, coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional y la Secretaría de Estado de Comunicación, tiene como objetivo principal identificar, analizar y contrarrestar información que el gobierno considere falsa o perjudicial para los intereses nacionales, según lo estipulado en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021.
Según el anuncio, el grupo se enfocará en detectar "bulos" y narrativas que puedan desestabilizar la confianza en las instituciones democráticas, polarizar a la sociedad o influir en procesos electorales. La iniciativa se enmarca en un contexto global donde las campañas de desinformación, especialmente aquellas amplificadas por inteligencia artificial y redes sociales, han sido identificadas como una amenaza creciente. El gobierno cita como antecedentes las campañas atribuidas a actores extranjeros, como Rusia, que habrían intentado influir en procesos electorales en países como Moldavia, Rumania, Georgia y Estados Unidos, además de aprovechar crisis como la DANA de 2024 en Valencia para generar narrativas desestabilizadoras.
El grupo de trabajo, que operará bajo la supervisión de la Comisión Permanente contra la Desinformación, creada en 2019, incluirá representantes de varios ministerios, como Defensa, Interior, Asuntos Exteriores y Economía, así como expertos de la sociedad civil, el sector privado y la academia. Este enfoque interdisciplinario busca alinear la estrategia con las recomendaciones de la Unión Europea, en particular con el Plan de Acción para la Democracia Europea de 2020, que aboga por una cooperación público-privada para combatir la desinformación.
Sin embargo, el anuncio ha generado controversia y críticas significativas. Diversos sectores, incluyendo medios de comunicación y usuarios en redes sociales, han expresado su preocupación por lo que perciben como un intento de controlar la narrativa pública y silenciar voces disidentes. Publicaciones en X han calificado la medida como un "asalto a la verdad" y han advertido que podría ser utilizada para censurar opiniones contrarias al gobierno, comparándola incluso con medidas de control informativo de regímenes autoritarios. Algunos críticos, citando el historial del gobierno, han señalado que el término "desinformación" podría ser empleado de manera ambigua para atacar a medios y ciudadanos que cuestionen las políticas oficiales, especialmente tras los señalamientos de Sánchez contra la prensa en casos relacionados con investigaciones de corrupción.
Por su parte, el gobierno defiende la creación del grupo como una respuesta necesaria ante las amenazas híbridas que enfrentan las democracias modernas, argumentando que la desinformación no solo afecta la estabilidad social, sino también la seguridad nacional. El procedimiento de actuación incluye cuatro niveles de activación, desde la detección temprana hasta la gestión política de crisis, y contempla la colaboración con plataformas digitales y medios de comunicación para mitigar la difusión de contenidos falsos. No obstante, expertos en protección de datos y libertad de expresión han advertido que, sin un marco claro que garantice el respeto a los derechos fundamentales, esta iniciativa podría derivar en restricciones desproporcionadas a la libertad de prensa y de expresión, un riesgo ya señalado por la ONU en contextos similares.
El anuncio se produce en un momento de creciente polarización en España, donde las acusaciones de desinformación han sido utilizadas tanto por el gobierno como por la oposición para deslegitimar narrativas contrarias. Mientras el gobierno insiste en que su objetivo es proteger la democracia, la falta de detalles sobre los criterios para definir "desinformación" y los mecanismos de supervisión del grupo han alimentado el escepticismo. La sociedad civil y los medios de comunicación esperan que el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación, aprobada el 28 de enero de 2025 por el Consejo de Seguridad Nacional, proporcione mayor claridad y garantías de transparencia.





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