Un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del Partido Popular (PP), Cristóbal Montoro, por presuntamente beneficiar de mane...
Un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del Partido Popular (PP), Cristóbal Montoro, por presuntamente beneficiar de manera ilegal a empresas gasísticas durante su mandato entre 2011 y 2018 bajo el gobierno de Mariano Rajoy. El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Rubén Rus, levantó el secreto de sumario el pasado martes 15 de julio, tras siete años de investigación, revelando una trama que involucra a 28 personas físicas y seis entidades jurídicas. La investigación apunta a una red de influencias orquestada desde el Ministerio de Hacienda, donde Montoro habría utilizado su posición para aprobar modificaciones legislativas a favor de clientes de su antiguo despacho de abogados, Equipo Económico, ahora renombrado como Global Afteli, a cambio de importantes pagos.
El caso se centra en la relación entre Equipo Económico, fundado por Montoro en 2008, y empresas del sector gasístico agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), como Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos. Según el auto judicial, el exministro, quien fue socio fundador, presidente y consejero del despacho hasta abril de 2008, habría empleado sus competencias legislativas para garantizar beneficios económicos a estas compañías tras su regreso al Ministerio en 2011. Entre las ventajas obtenidas figuran rebajas en el Impuesto Especial sobre la Electricidad en 2014 y una reducción fiscal en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en 2018, cambios que las empresas no lograron por otras vías y que se materializaron tras desembolsos de 779,705 euros al despacho entre 2011 y 2019. El juez destaca que Montoro nombró a personas vinculadas a Equipo Económico en cargos clave del Ministerio, asegurando que los anteproyectos de ley se redactaran "a demanda" de las empresas tras aceptar pagos.
La investigación, iniciada en 2018, desentrañó esta presunta trama tras el análisis de correos electrónicos y documentos que muestran cómo las gasísticas, frustradas por la negativa inicial de la Administración, recurrieron a Equipo Económico como intermediario. El magistrado señala que en al menos dos ocasiones las empresas redactaron los textos legales que luego fueron propuestos por el PP en el Congreso, aprovechando su mayoría absoluta. Esta "externalización indebida" de funciones públicas, según el juez, habría permitido a Montoro y su equipo lucrarse en detrimento del interés general, configurando delitos como cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Además de Montoro, están imputados nueve altos cargos de su equipo, incluyendo al exsecretario de Estado Miguel Ferré Navarrete, la exsubsecretaria Pilar Platero Sanz, y directores generales como Diego Martín-Abril y José Alberto García. También se investigan responsables del despacho y de las empresas beneficiadas. Equipo Económico ha negado tajantemente las acusaciones, afirmando que Montoro se desvinculó en 2008 y que su labor fue solo asesoramiento técnico, pero el juez sostiene que la red de influencias se estructuró para priorizar intereses privados. La oposición, con PP y Vox a la cabeza, ha minimizado el caso, mientras el PSOE lo ha utilizado para atacar la gestión de Rajoy, calificándolo de "nueva Kitchen económica".
El escándalo ha generado reacciones mixtas en redes sociales, donde algunos ven una confirmación de la corrupción del PP, mientras otros cuestionan la tardanza de la justicia. Con la investigación en marcha, Montoro, quien ya enfrentó críticas por la amnistía fiscal de 2012 anulada por el Tribunal Constitucional, podría enfrentar un juicio que reavive las tensiones políticas en un verano marcado por otros casos de corrupción, como el de José Luis Ábalos en Perú.





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