Kazajistán prohíbe burkas y niqabs en lugares públicos por seguridad nacional, Tokayev promueve la ropa nacional

Kazajistán ha implementado una prohibición oficial del uso de burkas y niqabs en espacios públicos, clasificando estos velos integrales como...

Kazajistán ha implementado una prohibición oficial del uso de burkas y niqabs en espacios públicos, clasificando estos velos integrales como una "amenaza para la seguridad nacional", una medida que refuerza el enfoque secular del país y ha desatado debates tanto dentro como fuera de sus fronteras. La ley, firmada el lunes 30 de junio por el presidente Kassym-Jomart Tokayev, prohíbe cualquier prenda que "interfiera con el reconocimiento facial" en lugares públicos, con excepciones limitadas para multas médicas, condiciones climáticas adversas, eventos deportivos o culturales, y deberes oficiales. Esta decisión, aprobada por el Parlamento en junio tras meses de discusión, se alinea con una tendencia creciente en Asia Central de restringir formas de vestimenta islámica, reflejando preocupaciones sobre radicalización y seguridad en un país donde casi el 70% de la población practica el islam, aunque bajo un marco constitucional secular.

Tokayev, en declaraciones previas recogidas por medios locales, defendió la medida con un mensaje cultural: "Es mejor vestir nuestra ropa nacional que las túnicas negras", subrayando su preferencia por los trajes tradicionales kazajos, que considera una expresión vívida de la identidad étnica del país. Esta postura se enmarca en su discurso recurrente de preservar las raíces culturales frente a influencias externas, particularmente aquellas asociadas con interpretaciones más estrictas del islam que han ganado terreno en los últimos años, con un aumento visible de niqabs y vestidos negros en las calles. El gobierno argumenta que los velos integrales dificultan la identificación de individuos, posando riesgos para la seguridad pública y facilitando actividades delictivas, un razonamiento que ha sido respaldado por patrullas de policía ya en marcha para hacer cumplir la norma desde su entrada en vigor.

La prohibición no menciona explícitamente la religión, pero su impacto recae claramente en las mujeres musulmanas que usan niqab —un velo que deja solo los ojos al descubierto— o burka —que cubre todo el rostro con una malla—, prendas poco comunes en Kazajistán pero en aumento entre comunidades influenciadas por movimientos religiosos extranjeros. Esto contrasta con el hijab, un pañuelo que deja el rostro visible y que, aunque también ha enfrentado restricciones en escuelas desde 2017 y 2023, sigue siendo más aceptado socialmente. Las protestas de 2023, cuando más de 150 niñas abandonan las clases en Atyrau por la prohibición del hijab, muestran la sensibilidad del tema, y ​​aunque la nueva ley evita este tipo de prenda, el precedente sugiere tensiones latentes.

La medida se suma a acciones similares en países vecinos como Kirguistán, que en enero de 2025 prohibió el niqab con multas de hasta 20.000 som (unos 230 dólares), Uzbekistán, que desde 2023 multa con más de 250 dólares por usar burka, y Tayikistán, que en 2023 vetó vestimentas "ajenas a la cultura nacional". Esta tendencia regional, impulsada por gobiernos secularistas, busca contrarrestar la influencia de ideologías radicales provenientes del Oriente Medio, aunque críticos la ven como una imposición que vulnera la libertad religiosa. En Kazajistán, las multas por incumplimiento podrían llegar a 50.000 tenge (unos 100 dólares), con posibles arrestos en casos reincidentes, según el borrador legislativo.

La reacción pública es mixta: algunos apoyan la medida como un refuerzo de la identidad nacional y la seguridad, mientras que otros, especialmente en redes sociales, denuncian una erosión de los derechos individuales, con menciones a la hipocresía de un presidente musulmán practicante —Tokayev realiza Umrah y ayuna en Ramadán— que impone restricciones. La comunidad internacional observa de cerca, con organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional pidiendo un diálogo inclusivo, mientras el gobierno insiste en que la ley protege el carácter moderado y secular del país. La implementación práctica, aún en sus primeras etapas, será clave para determinar si esta prohibición logra su objetivo o avivar tensiones en una sociedad diversa pero unida por un frágil consenso secular.