Españoles trabajan casi dos meses más al año para pagar impuestos bajo gobierno Sánchez, según fundación civismo

Un informe de la Fundación Civismo ha puesto en el centro del debate la creciente presión fiscal en España, revelando que los ciudadanos ded...

Un informe de la Fundación Civismo ha puesto en el centro del debate la creciente presión fiscal en España, revelando que los ciudadanos dedican casi dos meses adicionales al año a trabajar exclusivamente para pagar impuestos desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia en junio de 2019. Según el análisis, el Día de la Liberación Fiscal (DLF), que marca el momento en que los españoles terminan de cumplir con sus obligaciones tributarias y comienzan a trabajar para sí mismos, se ha retrasado significativamente, pasando del 17 de junio de 2019 al 18 de agosto de 2025. Este desplazamiento de más de 62 días refleja un aumento en la carga impositiva, que según la fundación se ha intensificado con políticas fiscales del Gobierno socialista, incluyendo subidas en el IRPF, el IVA y nuevos gravámenes como el impuesto a las grandes fortunas, implementado en 2023.

El informe, basado en datos del Banco de España, el INE y la Agencia Tributaria, calcula que en 2019 los españoles destinaban aproximadamente el 41.5% de su renta anual a impuestos, mientras que en 2025 esta proporción ha subido al 47.8%, lo que equivale a unos 55 días más de trabajo para el Estado. La Fundación Civismo atribuye este incremento a una combinación de factores: la inflación acumulada desde 2021, que ha elevado los ingresos fiscales por efecto de las retenciones automáticas; el aumento de las cotizaciones sociales tras la reforma de las pensiones; y la creación de nuevos tributos específicos, como el impuesto a las energéticas y el de transacciones financieras. Además, el informe destaca que el gasto público ha crecido un 12% en términos reales desde 2019, alcanzando los 260,000 millones de euros en 2024, financiado en gran parte por esta presión fiscal, lo que ha llevado a la fundación a calificar la situación como "una carga insostenible para las familias y las empresas".

El retraso del DLF al 18 de agosto de 2025, calculado como el día en que el 47.8% del ingreso nacional se ha destinado a impuestos, supone que los españoles trabajan más de la mitad del año—unos 230 días—para el Estado, frente a los 168 días de 2019. La fundación, alineada con posturas liberales, critica que esta carga desincentiva el esfuerzo individual y frena la recuperación económica postpandemia, especialmente en un contexto donde el paro sigue en el 10.5% y la deuda pública supera el 110% del PIB. El informe también señala disparidades regionales, con comunidades como Cataluña y Andalucía enfrentando un DLF más tardío (20 de agosto) debido a impuestos autonómicos adicionales, mientras que Madrid lo celebra el 12 de agosto, beneficiada por su menor fiscalidad.

La publicación ha desatado un torbellino en redes sociales, con el hashtag #DíaDeLiberaciónFiscal trending, donde usuarios de derecha como los de Vox han aprovechado para acusar al PSOE de "asfixiar a la clase media", mientras el Gobierno ha respondido a través de su portavoz, Pilar Alegría, defendiendo que el aumento fiscal financia servicios esenciales como sanidad y educación, y que las medidas son temporales para abordar la crisis de la DANA de 2024 y la transición energética. La oposición, liderada por el PP, ha anunciado una moción en el Congreso para exigir una auditoría de los ingresos fiscales, mientras economistas independientes debaten si el retraso del DLF refleja una estrategia de redistribución o un exceso de gasto público. Este informe llega en un momento clave, a pocos meses de las elecciones municipales de 2026, y podría redefinir el discurso económico en España.