Gobierno de Sánchez convierte tierras privadas arrasadas por la DANA en DPH sin indemnizar a agricultores

El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, enfrenta una oleada de críticas tras la decisión de clasificar como Dominio Público Hidrá...

El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, enfrenta una oleada de críticas tras la decisión de clasificar como Dominio Público Hidráulico (DPH) varias parcelas privadas devastadas por la DANA que azotó Valencia en octubre de 2024, sin ofrecer compensación alguna a sus propietarios, principalmente agricultores de la región. La medida, formalizada mediante una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicada el 22 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), afecta a más de 300 hectáreas en municipios como Sollana, Sueca y Algemesí, áreas duramente golpeadas por las inundaciones que dejaron 224 muertos y daños valorados en miles de millones de euros. La decisión, que califica estas tierras como zonas de protección hídrica para prevenir futuros desbordamientos, ha desatado la indignación de los afectados, quienes denuncian una expropiación encubierta que les deja sin medios de subsistencia tras perder cultivos, maquinaria y hogares.

La conversión al DPH implica que las parcelas, muchas de las cuales eran fértiles campos de arroz y naranjas, pasan a ser gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), quedando fuera del uso agrícola o privado sin que los propietarios reciban indemnización. Según datos de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), al menos 150 familias han visto sus tierras afectadas, con pérdidas estimadas en 12 millones de euros solo en la primera fase de la reclasificación. El Gobierno argumenta que la medida es esencial para garantizar la seguridad hídrica y mitigar riesgos tras la catástrofe, citando un informe técnico que identifica estas zonas como "vulnerables a inundaciones recurrentes". Sin embargo, la falta de compensación ha sido denunciada como ilegal por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), que asegura que la Ley de Aguas de 1985 obliga a pagar por expropiaciones, un precepto que el Ejecutivo parece haber obviado.

Los agricultores afectados relatan un proceso opaco. En Sollana, José María Tomás, propietario de 15 hectáreas ahora bajo DPH, explicó a Levante-EMV que recibió una notificación el 20 de agosto sin previo aviso ni oferta de pago, perdiendo un terreno que sustentaba a su familia desde 1970. La CHJ sostiene que las tierras, ya destruidas por la DANA, no tienen valor económico actual, pero los afectados contraatacan señalando que los daños podrían haberse reparado con las ayudas prometidas —16.6 mil millones de euros según Sánchez—, de los cuales solo el 32% ha sido desembolsado hasta ahora, según datos del Ministerio de Hacienda. La decisión ha coincidido con la exclusión de estas parcelas de los planes de reconstrucción financiados por la UE, lo que ha alimentado sospechas de que el Gobierno prioriza la imagen de control hídrico sobre la justicia social.

La protesta se ha intensificado rápidamente. El sábado 23, unos 500 agricultores se concentraron frente a la sede de la CHJ en Valencia, exigiendo reuniones con el ministro Teresa Ribera y brandiendo pancartas con lemas como "Nuestras tierras no son vuestras". La plataforma "Tierra y Dignidad", formada por afectados, anunció el lunes una querella contra el Estado por "abuso de poder y daño patrimonial", apoyada por abogados que citan precedentes como el caso del río Ebro, donde compensaciones fueron obligadas por tribunales. En redes sociales, el hashtag #DPHsinIndemnizar ha superado las 200,000 interacciones, con videos de campos inundados y testimonios de agricultores que denuncian abandono, mientras la oposición, liderada por el PP, califica la medida de "confiscación encubierta" y exige una auditoría.

El Ministerio de Transición Ecológica defendió la resolución en un comunicado del 23 de agosto, argumentando que el DPH "protege a largo plazo" y que las indemnizaciones están sujetas a un "proceso administrativo en curso", aunque no especificó plazos ni montos. Críticos, como el sindicato COAG, replican que este "proceso" podría dilatarse años, dejando a los propietarios en la ruina mientras el Gobierno canaliza fondos a infraestructuras públicas. La polémica se agrava por la percepción de que Sánchez, tras gastar 36,000 euros en su veraneo en La Mareta, ignora a las víctimas de la DANA, un contraste que ha sido explotado por Vox en campañas digitales. Con las tierras ahora bajo control estatal y los agricultores organizándose, el conflicto promete escalar, poniendo a prueba la coherencia del Gobierno en su gestión post-catástrofe y su compromiso con la justicia social en una región aún recuperándose.