Un tribunal peruano ha ordenado cinco meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra, marcando un nuevo capítulo en las in...
Un tribunal peruano ha ordenado cinco meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra, marcando un nuevo capítulo en las investigaciones por presunto cohecho durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014. La decisión fue tomada el miércoles 13 de agosto por el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tras una audiencia de más de 12 horas en la que la Fiscalía, representada por el fiscal Germán Juárez Atoche, presentó pruebas que vinculan a Vizcarra con el cobro de sobornos por 2.3 millones de soles (aproximadamente 640,000 dólares) a cambio de favorecer a constructoras en proyectos como Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Vizcarra, de 62 años y quien gobernó Perú entre 2018 y 2020, fue detenido inmediatamente tras el fallo y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al penal de Barbadillo, en Lima, donde se encuentra con otros expresidentes investigados por corrupción.
El juez basó su resolución en la existencia de "peligro procesal y de fuga", argumentando que Vizcarra carece de arraigo laboral y familiar sólido, con su esposa y su hijo menor residiendo en Moquegua mientras él está en Lima, y cuestionando la legitimidad de contratos presentados por su defensa con su partido, Perú Primero, que fueron firmados tras el inicio de la investigación. La Fiscalía sostiene que las empresas Obrainsa e ICCGSA pagaron los sobornos a través de intermediarios, un relato respaldado por testimonios de colaboradores eficaces que afirman que Vizcarra mencionó frases como "ellos se comen la torta solos" en referencia a las ganancias de las constructoras. Con esta medida, Vizcarra se convierte en el quinto expresidente peruano en prisión preventiva por corrupción, uniéndose a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo en el exclusivo penal de Barbadillo, mientras Alberto Fujimori, fallecido en 2024, había cumplido condena allí.
La defensa de Vizcarra, liderada por el abogado Erwin Siccha, anunció de inmediato su intención de apelar la decisión, denunciando un posible conflicto de interés del juez Chávez, cuyo cónyuge trabaja en el equipo especial Lava Jato junto al fiscal Juárez. Siccha argumentó que Vizcarra ha cumplido con todas las citaciones judiciales y negó el riesgo de fuga, destacando su presencia voluntaria en la audiencia a pesar del fallo previsible. Sin embargo, el tribunal desestimó estas alegaciones, subrayando que la gravedad de los cargos —cohecho y tráfico de influencias— y la cercanía de una sentencia final justifican la medida cautelar. La Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión para el exmandatario, quien fue destituido por el Congreso en 2020 por "incapacidad moral" tras surgir estas acusaciones, y sigue siendo una figura polarizante, liderando encuestas para las elecciones de 2026 a pesar de inhabilitaciones previas.
La noticia ha generado reacciones encontradas en Perú y más allá. En redes sociales, el hashtag #VizcarraPrision ha inundado X, con partidarios denunciando una "persecución política" y detractores celebrando la acción judicial como un avance contra la impunidad. Manifestaciones espontáneas frente al Poder Judicial en Lima mostraron pancartas con lemas como "No a la venganza" y "Justicia sí, linchamiento no", mientras el gobierno de Dina Boluarte guardó silencio oficial, evitando comentarios sobre un caso que reaviva el debate sobre la corrupción endémica en la política peruana. Organizaciones internacionales, como Transparencia Internacional, han elogiado la decisión como un paso hacia la rendición de cuentas, aunque advierten sobre la necesidad de garantizar un proceso justo. Con la apelación pendiente y los cinco meses de prisión preventiva en marcha, el caso de Vizcarra sigue siendo un reflejo de los desafíos judiciales y políticos que enfrenta el país en un contexto de inestabilidad histórica.
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