La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que agrupa a gigantes del comercio como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea...
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que agrupa a gigantes del comercio como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Alcampo y Leroy Merlin, ha solicitado al Gobierno un plan de inmigración para traer trabajadores extranjeros y cubrir 16,000 vacantes en el sector, según un comunicado emitido a las 11:00 CEST. La propuesta, detallada en un informe presentado esta mañana en Madrid, llega en un contexto de un 24% de desempleo juvenil en España y ha desatado una fuerte controversia, especialmente por la insinuación de que esta medida evitaría la necesidad de ofrecer mejores salarios a la fuerza laboral local. La patronal argumenta que la falta de personal, agravada por absentismo y rotación, amenaza la sostenibilidad del sector, que emplea a 236,000 personas, pero las críticas apuntan a una estrategia que prioriza costos sobre condiciones laborales.
El informe de Anged, basado en un estudio de ManpowerGroup, identifica un déficit de 16,000 puestos vacantes a cierre de 2024, concentrados en áreas como logística, tecnología de la información, sostenibilidad y funciones operativas básicas como pescadería o mantenimiento. La patronal, que representa a 23 de las principales empresas de distribución, asegura que este desajuste se debe a la dificultad para encontrar perfiles cualificados, un problema que se agrava con un 24% de paro juvenil, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizados en julio de 2025. En respuesta, Anged propone un plan migratorio que facilite la llegada de profesionales extranjeros, alineado con itinerarios de formación dual y una mayor flexibilidad laboral, como medidas complementarias. La presidenta de la organización, Matilde García Duarte, defendió la iniciativa en una rueda de prensa, destacando que "sin mano de obra suficiente, el sector colapsará".
Sin embargo, la sugerencia implícita de evitar subidas salariales ha encendido las alarmas. Sindicatos como CCOO y UGT han calificado la propuesta de "inaceptable", argumentando que un país con alta desempleo juvenil no debería depender de inmigración para llenar vacantes en lugar de mejorar las condiciones laborales. El salario medio en el sector ronda los 16,904 euros anuales, según el último convenio de 2024, y los sindicatos han exigido incrementos del 18% en las negociaciones, frente al 11% ofrecido por Anged. En redes sociales, el hashtag #NoSinSalarios ha superado las 120,000 interacciones en menos de cuatro horas, con usuarios como @TrabajadorRetail denunciando que "prefieren importar trabajadores baratos antes que dignificar los sueldos aquí". La oposición, liderada por Vox, ha aprovechado el caso para criticar las políticas migratorias del Gobierno, mientras el PSOE ha evitado posicionarse directamente, remitiéndose a un análisis "técnico" del plan.
La patronal sostiene que el absentismo, que alcanza el 10% en algunos meses, y la rotación, estimada en un 15% anual según el informe, justifican la necesidad de nuevos trabajadores. Propone coordinar políticas migratorias con las comunidades autónomas y fomentar la formación profesional, pero no menciona ajustes salariales significativos. En Cataluña, donde se registraron 32,000 vacantes en 2024, la medida ha sido bien recibida por empresas como Fnac, que enfrentan escasez de personal técnico, pero rechazada por colectivos juveniles como Jóvenes Sindicalistas, que ven en ello una amenaza a las oportunidades locales. El plan también incluye incentivos fiscales para inmigrantes, lo que ha generado críticas por parte de economistas como José María Gay de Liébana, quien advierte que "podría desincentivar la inversión en el mercado laboral nacional".
El contexto agrava el debate. Con un 24% de desempleo juvenil, España enfrenta un reto estructural, con jóvenes que rechazan empleos mal remunerados en el comercio, prefiriendo sectores como la tecnología o la hostelería con mejores perspectivas. La patronal argumenta que los perfiles tecnológicos son escasos, pero sindicatos replican que un salario competitivo atraería talento local, citando el éxito de cadenas como Mercadona, que ofrecen hasta 20,000 euros anuales. En Almería, donde 140 inmigrantes llegaron el fin de semana pasado, la propuesta ha reavivado tensiones, con vecinos exigiendo priorizar a desempleados españoles. Anged, por su parte, insiste en que sin inmigración, las 16,000 vacantes podrían llevar a cierres temporales, afectando a 50,000 empleos indirectos.
El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha anunciado que estudiará la propuesta, pero fuentes de Moncloa sugieren que cualquier plan migratorio requerirá consenso europeo, dado el 98% de dependencia de importaciones de mano de obra extranjera en algunos sectores. La Comisión Europea, que en 2024 aprobó 16.6 mil millones para desastres naturales, podría incluir fondos migratorios, pero la oposición lo ve como una excusa para dilatar soluciones. Mientras tanto, la presión crece, con sindicatos planeando protestas el 5 de septiembre y la patronal defendiendo su postura como una "necesidad económica", dejando a España en un punto de inflexión entre inmigración, empleo juvenil y salarios dignos.





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