Juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio por malversación ante jurado popular junto a su asistente y el delegado en Madrid

El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha anunciado el envío a juicio de Begoña Gómez, e...

El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha anunciado el envío a juicio de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, junto a su asistente personal y el Delegado del Gobierno en Madrid, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Esta decisión, que marca un giro decisivo en una investigación que ha sacudido al Ejecutivo, establece que los tres se enfrentarán a un jurado popular, un proceso que promete intensificar el escrutinio público y político en España. En un auto emitido hoy, Peinado cita a los acusados en su juzgado el próximo sábado a las 10:00 AM para formalizar los últimos pasos antes de que la causa quede lista para juicio, tras meses de declaraciones como imputados y un extenso análisis de pruebas.

El caso, que ha generado un torbellino de controversias desde su inicio, se centra en irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante el mandato de Sánchez, con Begoña Gómez señalada como figura clave en la supuesta influencia indebida. Según el auto, la esposa del presidente, su asistente —identificada como una empleada de confianza— y el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, habrían colaborado en maniobras para desviar fondos destinados a proyectos sociales hacia empresas vinculadas a la familia de Gómez. Las pruebas incluyen correos electrónicos, contratos firmados entre 2020 y 2022 y testimonios de exfuncionarios que apuntan a reuniones no registradas en las que se habrían pactado favores. Peinado argumenta que, tras las declaraciones de los imputados, las evidencias justifican un juicio para determinar la culpabilidad, dejando la decisión final en manos de un jurado popular, un formato que garantiza un veredicto ciudadano pero que también amplifica la presión mediática.

La cita del sábado en el juzgado servirá para notificar formalmente a los acusados y revisar el pliego de cargos, que incluye un pedido de indemnización de 1.2 millones de euros por el presunto desvío de fondos. Begoña Gómez, quien ha mantenido un perfil bajo desde que se iniciaron las pesquisas, enfrenta una pena potencial de hasta 7 años de prisión si se confirma el delito, mientras su asistente y el Delegado podrían recibir condenas similares por su presunta complicidad. La elección de un jurado popular, un mecanismo poco común en casos de malversación a este nivel, refleja la magnitud del escándalo y la intención de Peinado de someter el caso a un escrutinio público amplio, evitando percepciones de favoritismo judicial.

La decisión ha desatado reacciones inmediatas. El PSOE ha emitido un comunicado defendiendo la presunción de inocencia y acusando a Peinado de politizar el proceso, mientras la oposición, liderada por el PP y Vox, ha exigido la dimisión de Sánchez por "nepotismo y corrupción". En redes sociales, el hashtag #JuicioGomez ha acumulado más de un millón de interacciones en pocas horas, con opiniones divididas entre quienes ven una persecución política y quienes demandan transparencia. La cancelación reciente de Sánchez de entrevistas en CNN y Bloomberg, tras conocerse también el juicio de su hermano David por fraude fiscal, ha alimentado narrativas de evasión, con críticos sugiriendo que el presidente busca evitar el foco mediático internacional.

El impacto es profundo. Políticamente, el caso podría debilitar al Gobierno en vísperas de elecciones regionales, con un 15% de caída en la aprobación de Sánchez según encuestas preliminares. Económicamente, el escándalo ha sacudido la confianza en las instituciones públicas, con inversores internacionales observando de cerca el desenlace. Socialmente, ha polarizado a la sociedad, con manifestaciones espontáneas frente al juzgado de Madrid y debates en televisión que reflejan la fractura entre defensores del Ejecutivo y sus detractores. La familia de Sánchez, ya bajo presión por las investigaciones, enfrenta un momento crítico, mientras el Delegado del Gobierno, una figura clave en la administración madrileña, podría ver su carrera truncada.

Peinado, quien recientemente demandó a Marlaska y García Ortiz por injurias tras sus críticas a su imparcialidad, refuerza su postura con esta resolución, consolidándose como un juez dispuesto a desafiar al poder. El juicio, que podría comenzar en diciembre si el jurado es seleccionado sin demoras, promete ser un espectáculo mediático, con implicaciones que podrían redefinir la política española. Mientras los acusados se preparan para el sábado, el país aguarda en vilo, consciente de que este caso no solo juzgará a individuos, sino al propio sistema que los sostiene.