El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha dado un paso significativo en la investigación que l...
La investigación contra Begoña Gómez se originó en abril de 2024 tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, que acusaba a la esposa del presidente de aprovechar su posición para influir en licitaciones públicas a favor de empresarios como Juan Carlos Barrabés. Desde entonces, el juez Peinado ha ampliado el caso a cuatro líneas de investigación: presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de un software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y malversación por la contratación de Álvarez. La orden de entrega de correos busca esclarecer si Gómez utilizó recursos públicos, como su cuenta oficial, para actividades privadas relacionadas con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM, que codirigió, o con otros negocios personales.
El magistrado también ha solicitado a Presidencia del Gobierno información sobre las personas que han ocupado el cargo de Secretario General desde julio de 2018, así como los responsables de autorizar el pago del salario de Cristina Álvarez, quien fue nombrada directora de programas del Gabinete de Presidencia en esa fecha. Álvarez, también investigada por malversación, está acusada de haber dedicado parte de su tiempo laboral a tareas privadas de Gómez, como enviar correos a empresas patrocinadoras de la cátedra, lo que el juez considera un posible desvío de recursos públicos. La Audiencia Provincial de Madrid señaló en junio de 2025 que las acciones de Álvarez podrían constituir tráfico de influencias, aunque no malversación, lo que llevó a Peinado a imputar a ambas en agosto por este último delito, contradiciendo su criterio inicial.
El caso ha generado controversia, especialmente tras las declaraciones de Pedro Sánchez en una entrevista en TVE el 1 de septiembre, donde acusó a ciertos jueces de "hacer política" y calificó la investigación como una "pena de telediario" basada en denuncias falsas de la ultraderecha. Estas afirmaciones provocaron una reacción del sindicato Manos Limpias, que pidió protección al Consejo General del Poder Judicial para Peinado. Además, el Tribunal Supremo archivó en agosto una solicitud del juez para investigar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez, citando "ausencia absoluta" de indicios.
La defensa de Gómez, liderada por el exministro Antonio Camacho, solicitó suspender su declaración programada para el 11 de septiembre debido a un conflicto de agenda, lo que llevó a Peinado a adelantarla al 10 de septiembre, coincidiendo con la de Álvarez. El análisis de los correos por parte de la UCO será clave para determinar si existen pruebas de irregularidades, aunque el volumen de comunicaciones desde 2018 plantea un desafío logístico. El caso, que ha polarizado la opinión pública, sigue generando tensiones entre el Gobierno y el poder judicial, en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de recursos públicos y la influencia de figuras cercanas al poder.





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