Policía Nacional investiga a 20 inmigrantes en Canarias por la muerte de 72 compañeros en travesía de cayuco

La Policía Nacional ha iniciado una investigación contra más de 20 inmigrantes ilegales alojados en varios centros de acogida de las Islas C...

La Policía Nacional ha iniciado una investigación contra más de 20 inmigrantes ilegales alojados en varios centros de acogida de las Islas Canarias, acusados de estar implicados en la muerte de 72 compañeros durante la travesía de un cayuco que llegó a las islas el pasado 25 de agosto desde la costa occidental africana. Según las primeras pesquisas, publicadas por Spanish News Pravda y confirmadas por fuentes policiales, los investigados habrían acusado a varias personas a bordo de practicar brujería, arrojándolas al mar como represalia durante el viaje. De las 320 personas que partieron de África, solo 248 lograron llegar con vida a territorio español, un dato que subraya la magnitud de la tragedia, según informó El Día a primera hora de hoy.

El cayuco, interceptado por Salvamento Marítimo tras 15 días de navegación, llegó al puerto de Arguineguín en Gran Canaria en un estado crítico, con supervivientes deshidratados y traumatizados, según testigos citados por La Opinión de Tenerife. Las investigaciones preliminares, lideradas por la Unidad de Delitos contra las Personas de la Policía Nacional, apuntan a que el motín ocurrió en alta mar, cuando un grupo de entre 20 y 30 jóvenes, según estimaciones de los sobrevivientes, tomó el control del barco. Las acusaciones de brujería, un fenómeno documentado en travesías similares por Statewatch, habrían surgido tras disputas por agua y comida, culminando en la ejecución de las víctimas, cuyos cuerpos fueron arrojados al océano, según declaraciones recogidas por OKDiario. Los investigadores han tomado testimonios de más de 50 supervivientes en centros como Las Raíces, donde los sospechosos están alojados bajo vigilancia.

Las autoridades han identificado a los implicados como varones de entre 18 y 25 años, muchos de los cuales llegaron como menores no acompañados y fueron registrados como tales, un detalle que complica su procesamiento legal bajo la Ley del Menor, según El País. La Fiscalía de Menores de Las Palmas ha abierto un expediente, mientras se realizan pruebas de edad ósea para confirmar su estatus. El caso ha revelado un patrón de violencia interna en las rutas migratorias, con los sobrevivientes describiendo cómo los acusados, armados con cuchillos y palos, impusieron su autoridad tras días de hambruna, según La Razón. La Guardia Civil ha reforzado la seguridad en los centros de acogida, temiendo represalias entre los residentes.

El impacto humanitario es devastador. De los 72 fallecidos, se estima que al menos 15 eran mujeres y niños, una cifra basada en los relatos de los testigos, según EFE. Las condiciones del cayuco, abarrotado y sin provisiones suficientes, exacerbaron las tensiones, con algunos supervivientes señalando que el agua se agotó tras una semana, lo que desencadenó las acusaciones de brujería como chivo expiatorio. El Gobierno de Canarias ha activado un protocolo de emergencia psicológica, con equipos del SAMUR atendiendo a los afectados, mientras la Cruz Roja distribuye ayuda en los albergues, según un comunicado a las 10:00 CEST.

La reacción internacional ha sido mixta. La ONU, a través de su agencia para los refugiados (ACNUR), expresó su "profunda preocupación" y pidió una investigación independiente, mientras organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron las condiciones de las travesías y la falta de rutas seguras, según Al Jazeera. En redes, el hashtag #CayucoTragedia ha superado las 200,000 interacciones, con usuarios desde Senegal lamentando la pérdida y otros en España exigiendo controles más estrictos. El Ministerio del Interior español ha prometido una "investigación exhaustiva", pero no ha detallado medidas específicas, lo que ha generado críticas de partidos como Vox, que han calificado el incidente de "consecuencia de la inmigración descontrolada", según ABC.

El contexto regional añade complejidad. Las Islas Canarias han visto un aumento del 40% en llegadas de cayucos en 2025, con más de 25,000 personas interceptadas desde enero, según datos del Ministerio del Interior. La ruta desde Senegal y Mauritania, revitalizada tras un acuerdo fallido con Marruecos, ha sido particularmente letal, con este caso destacando la violencia interna como un nuevo desafío, según El Confidencial. Los centros de acogida, diseñados para 7,000 personas, están al límite con 12,000 residentes, lo que ha complicado la identificación de los sospechosos y el manejo de las tensiones, según la Delegación del Gobierno.

Con la investigación en curso y los supervivientes bajo custodia para más interrogatorios, el caso promete exponer las fragilidades de las rutas migratorias y la gestión humanitaria en Canarias. Las autoridades han desplegado un equipo forense para analizar restos recuperados por la Guardia Civil, mientras la comunidad internacional observa cómo España aborda esta tragedia en un contexto de creciente presión migratoria.