Pulseras antimaltrato: El clamor de un técnico que vio fallar la protección de miles de mujeres

El miedo de una madre que huye de su agresor y confía en una pulsera para salvar su vida es un peso que Joaquín Castillo, técnico del sistem...

El miedo de una madre que huye de su agresor y confía en una pulsera para salvar su vida es un peso que Joaquín Castillo, técnico del sistema Cometa durante seis años, de 2019 a 2024, no puede olvidar. Las 4.800 mujeres en España que llevan estos dispositivos, todas en riesgo extremo de violencia machista, merecen un escudo que funcione, pero Castillo lo dice con rabia contenida: “Eran un desastre total, se vio desde el principio y todos avisamos a Igualdad”. Él, que colocaba esas pulseras en muñecas temblorosas y dispositivos en tobillos de maltratadores, denunció fallos que ponían vidas en peligro: geolocalización errática que perdía a agresores en zonas rurales, diseños tan frágiles que un chorro de aceite o un corte bastaban para desactivarlos, y una calidad tan pobre que los técnicos, desbordados, veían cómo las alertas se convertían en ecos vacíos. “Son tan baratas y cutres que, cuando se estropean, ni las arreglan: las tiran”, sentencia, con la amargura de quien gritó al vacío.

Castillo no estaba solo en su lucha. Desde 2025, correos internos al Ministerio señalaban dispositivos que no resistían al agua, mantenimientos imposibles por la urgencia y errores de localización que dejaban a mujeres desprotegidas a cientos de metros de sus agresores. Jueces y fiscales, en reportes devastadores, describían citaciones fallidas por “problemas técnicos”, horas sin respuesta desde el sistema Cometa, y casos donde datos perdidos absolvían a maltratadores. Las víctimas, atrapadas en el miedo, veían cómo el sistema que prometía salvarlas se desmoronaba. Asociaciones feministas suplicaron cambios, pero Igualdad miró para otro lado, priorizando campañas vacías sobre vidas reales. Castillo, despedido tras alzar la voz y luego indemnizado tras una conciliación, lleva el peso de esas alertas ignoradas como una herida abierta.

El escándalo estalló en julio de 2023, cuando el Ministerio justificó 45 millones de euros para un nuevo contrato, prometiendo dispositivos “producidos desde cero” porque, según ellos, no existían en el mercado. Una excusa que se desvaneció en el pliego técnico, donde esa “necesidad urgente” brilló por su ausencia. En su lugar, se optó por tecnología barata: un cambio de proveedor que sacrificó calidad por ahorro. En pueblos pequeños, las mujeres sufrían alertas falsas por mala cobertura, mientras los técnicos, agotados, lidiaban con un sistema que fallaba en lo esencial: dar confianza. El portal de Transparencia negó acceso al estudio que justificaba el gasto, dejando el contrato envuelto en sombras.

Hoy, septiembre de 2025, el Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por “negligencia absoluta”, exigiendo su cese. La delegada contra la Violencia de Género admite fallos, pero defiende un sistema “robusto”, una afirmación que choca con la realidad de mujeres que tiemblan al saber que su agresor puede estar a metros sin que la pulsera lo detecte. Castillo, libre ya de su silencio, pregunta lo que todas las víctimas susurran en la oscuridad: “¿Cómo garantizamos que esto no vuelva a pasar?”. El Ministerio, en lugar de actuar, tilda las quejas de “innecesarias”, un golpe que duele como una traición. En un país donde la violencia machista siega 50 vidas al año, este no es un fallo técnico: es una puñalada a la esperanza. Cada pulsera rota es un corazón que late con miedo, y cada silencio del sistema, un grito que clama justicia. Las mujeres de España merecen más que promesas rotas; merecen un escudo que no las condene al olvido.