Yolanda Martínez y Luna Fernández, repatriadas del Daesh, exigen evitar prisión citando a sus 10 hijos

Yolanda Martínez y Luna Fernández, las dos españolas repatriadas hace dos años desde Siria tras casarse con combatientes del Daesh que murie...

Yolanda Martínez y Luna Fernández, las dos españolas repatriadas hace dos años desde Siria tras casarse con combatientes del Daesh que murieron, han presentado una nueva solicitud a la Audiencia Nacional para evitar cumplir su pena de tres años de prisión, argumentando que tienen a su cargo a 10 hijos. Esta petición, revelada por El Confidencial en su edición de hoy, reaviva un caso que ha generado controversia desde su regreso a España en enero de 2023, tras años en campos kurdos para familias yihadistas. Las mujeres, condenadas en abril de 2025 por integración en organización terrorista con la atenuante de confesión tardía, buscan suspender la ejecución de su sentencia, que debía iniciarse en junio tras un periodo de libertad provisional, alegando responsabilidades familiares y supuestos avances en su desradicalización.

El caso se remonta a su partida voluntaria a Siria entre 2014 y 2015 junto a sus maridos, Omar El Harchi y Mohamed Amin Aabou, miembros de la Brigada Al Andalus, para unirse al pseudocalifato de Abu Bakr Al-Baghdadi. Tras la caída de Baguz en 2019, ambas fueron internadas en el campo de Al Hawl, donde criaron a sus hijos en condiciones extremas, asumiendo también la custodia de menores huérfanos. Repatriadas con 13 niños —cuatro hijos biológicos de Yolanda y cinco de Luna, más cuatro adoptados—, quedaron en libertad provisional en septiembre de 2024 tras 20 meses de prisión preventiva, pero la Audiencia Nacional ordenó su reingreso en junio de 2025 para cumplir los tres años acordados. Ahora, con menos de dos años restantes, las mujeres han presentado escritos que piden una suspensión, destacando su rol como madres y aportando pruebas de colaboración policial y cursos de desradicalización.

Yolanda, madre de cuatro hijos, ha detallado en su solicitud que trabaja para mantener a su familia y ha iniciado trámites de divorcio de El Harchi, quien permanece preso en una cárcel kurda, según informó El Confidencial. Aporta documentación de la Mezquita de la M-30 y el Ministerio de Exteriores sobre su separación, así como entrevistas voluntarias con la Comisaría General de Información, donde ofreció detalles de su vida en Siria. Luna, con cinco hijos biológicos y cuatro adoptivos, argumenta que los menores, algunos con necesidades especiales tras años en campos de refugiados, dependen exclusivamente de ella. Ambas solicitan que se valore su tiempo en Al Hawl como parte de su condena, una petición que la Audiencia aún debe resolver, paralizando temporalmente la orden de ingreso.

La controversia ha resurgido con fuerza. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) se opone firmemente, calificando la solicitud de "inadmisible" en un comunicado a las 18:00 CEST del domingo, argumentando que las mujeres eligieron unirse al Daesh y que sus hijos no deberían eximirlas de responsabilidad. En redes, el hashtag #NoPrisionParaYihadistas ha superado las 150,000 interacciones, con opiniones divididas: algunos apoyan la clemencia por los niños, mientras otros exigen justicia, con comentarios como "sus hijos no justifican el terrorismo". El Ministerio del Interior, consultado por La Razón, ha declinado opinar hasta la resolución judicial, pero fuentes internas sugieren que la presión pública podría influir.

El contexto legal es complejo. El Código Penal español permite suspender condenas menores de dos años si se cumplen requisitos como reparación del daño o reincidencia no probada, pero la Fiscalía sostiene que el tiempo en Al Hawl no equivale a prisión, un punto que las defensas disputan. Expertos como el abogado penalista Javier Castro creen que el fallo dependerá de la valoración de la desradicalización, aunque advierten que el precedente podría abrir debates sobre la justicia en casos de terrorismo. El caso también revive críticas al proceso de repatriación de 2023, cuestionado por la falta de seguimiento, con un informe de la Guardia Civil señalando que el 30% de repatriados no ha cumplido programas de reintegración.

El impacto social es palpable. En Madrid, donde ambas residen, vecinos han expresado temor y apoyo mixto, con manifestaciones pequeñas frente a la Audiencia Nacional el sábado. Las familias de las víctimas del yihadismo han pedido una reunión con el Gobierno, mientras organizaciones de derechos humanos abogan por un enfoque humanitario, destacando el bienestar de los menores. Con la resolución pendiente y los niños —ahora entre 5 y 15 años— en el centro del debate, el caso de Martínez y Fernández sigue siendo un reflejo de los desafíos legales, éticos y sociales que enfrenta España tras la repatriación de sus ciudadanas yihadistas.