Absuelta enfermera en Vizcaya por simular vacunación COVID a menores: Alteración psíquica como eximente completa

La Audiencia Provincial de Vizcaya ha absuelto a una enfermera de 38 años acusada de simular la vacunación contra el COVID-19 de cientos d...

La Audiencia Provincial de Vizcaya ha absuelto a una enfermera de 38 años acusada de simular la vacunación contra el COVID-19 de cientos de menores en centros de salud de Bilbao entre 2021 y 2022, al aceptar de manera unánime la eximente completa de alteración psíquica. La sentencia, que pone fin a un caso que generó indignación entre padres y autoridades sanitarias, concluye que la profesional, identificada como Laura M., padecía un trastorno de estrés postraumático y ansiedad severa que afectaron su capacidad de discernimiento, eximiéndola de responsabilidad penal. Este veredicto, que desestima las acusaciones de falsedad documental y lesiones imprudentes que podían acarrear hasta seis años de prisión, ha desatado un debate sobre la salud mental en el sector sanitario y las presiones sufridas durante la pandemia, mientras las familias afectadas exigen ahora responsabilidades administrativas al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza).

El caso salió a la luz en abril de 2022, cuando un padre de Barakaldo denunció que su hijo de 12 años no mostraba signos de vacunación tras recibir el pinchazo, lo que llevó a una inspección interna que reveló que Laura M. había inyectado solución salina a al menos 320 menores en lugar de la vacuna Pfizer, registrando falsamente las dosis en el sistema sanitario. Las investigaciones mostraron que la enfermera, con 15 años de experiencia, actuaba en turnos nocturnos en varios centros de Bilbao y Portugalete, aprovechando la baja supervisión para sustituir las vacunas con suero fisiológico, un acto que atribuía a su "rechazo personal" a inmunizar a niños sin consentimiento informado pleno. La Fiscalía pedía cuatro años por falsedad y dos por lesiones, argumentando que las falsificaciones pusieron en riesgo a los menores, aunque no se registraron casos de contagio directo.

La defensa de Laura M., apoyada por informes psiquiátricos del Hospital de Cruces, presentó pruebas de un colapso mental tras años de sobrecarga laboral durante la pandemia, con turnos de 12 horas y más de 1,000 vacunaciones semanales en 2021. Los expertos diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático derivado de la presión social, el acoso de antivacunas y el miedo a errores médicos, lo que la llevó a tomar decisiones irracionales como la simulación. La Audiencia, tras un juicio de tres días, aceptó que esta alteración psíquica anulaba su capacidad de entender la ilicitud de sus actos, absolviéndola y ordenando su ingreso en un programa de rehabilitación psiquiátrica financiado por Osakidetza, con seguimiento durante un año.

La sentencia ha dividido opiniones. Padres de los menores afectados, muchos de los cuales han tenido que revacunar a sus hijos, han expresado furia, acusando a la justicia de "proteger a una negligente" y exigiendo indemnizaciones por el estrés y los riesgos asumidos. Asociaciones como la Plataforma por la Salud Pública han solicitado una auditoría a Osakidetza, señalando que la falta de supervisión permitió el fraude, mientras sindicatos como SATSE defienden a Laura, destacando que el 40% de sanitarios vascos reportaron burnout en 2022. El Gobierno vasco, liderado por Iñigo Urkullu (PNV), ha prometido revisar los protocolos de vacunación y apoyar a las familias, pero evita comentarios sobre la absolución.

Económicamente, el caso podría derivar en demandas civiles que costen millones a Osakidetza, que ya gasta el 60% de su presupuesto en personal. Socialmente, ha generado empatía hacia los sanitarios agotados, con un 55% de encuestados en Deia apoyando la eximente, pero también desconfianza hacia la sanidad pública, con padres organizando protestas en Bilbao. Políticamente, el PNV y el PSOE enfrentan críticas por gestión sanitaria, mientras Vox pide endurecer penas. Esta absolución, un reflejo de las cicatrices de la pandemia, deja un legado de debate sobre salud mental y responsabilidad en un sistema al límite.