Consejo de Ministros aprueba Ley de Enjuiciamiento Criminal: Jueces fuera de investigaciones por corrupción, fiscales afines al mando

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles 29 de octubre de 2025 la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal , una reforma que elimina ...

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles 29 de octubre de 2025 la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma que elimina la intervención de los jueces en las investigaciones por corrupción para transferirlas exclusivamente a fiscales dependientes del Ejecutivo, una medida que ha desatado una tormenta política y judicial al ser vista como un intento de centralizar el poder y proteger a cargos socialistas implicados en escándalos. La ley, impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y respaldada por el PSOE y Sumar, establece que los fiscales del Ministerio Público, bajo la dirección de Álvaro García Ortiz, asumirán la dirección de todas las causas por delitos contra la administración pública, cohecho y malversación, dejando a los jueces en un rol meramente supervisorial y sin capacidad para iniciar diligencias de oficio. Esta centralización, que entrará en vigor en 2026 tras su publicación en el BOE, ha sido calificada por la oposición como un "golpe de Estado judicial" que prioriza la lealtad partidista sobre la independencia, en un contexto donde el CGPJ lleva bloqueado desde 2018 y casos como Koldo y Ábalos amenazan con salpicar a Moncloa.

La reforma, de 150 artículos y un preámbulo que enfatiza la "eficiencia y modernización", deroga disposiciones de la ley de 1882 que permitían a jueces como Pablo Llarena o Manuel García Castellón abrir causas por indicios de corrupción, transfiriendo esa potestad a fiscales territoriales que reportan al Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno. Bolaños ha defendido la medida como un "avance para agilizar la justicia", argumentando que reduce duplicidades y acelera procesos en un 30%, pero críticos judiciales ven en ella una herramienta para archivar investigaciones incómodas, como la caja B del PSOE o los contratos de mascarillas, al permitir que fiscales "afines" intervengan en la fase inicial. El texto incluye salvaguardas como el control del juez de garantías para prórrogas, pero la oposición denuncia que el 70% de los fiscales clave son designados por el Ejecutivo, creando un sesgo inherente.

El anuncio ha generado una reacción inmediata. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una protesta nacional para el 5 de noviembre en Madrid, con 50.000 esperados, acusando a Sánchez de "tomar el poder judicial por asalto", mientras Vox ha anunciado una moción de censura contra Bolaños, calificando la ley como "el fin de la democracia". El Tribunal Constitucional ha recibido 20 recursos en 24 horas de asociaciones judiciales como la APM y la Francisco de Vitoria, que exigen su suspensión cautelar por vulnerar la separación de poderes. En redes, #LeyDeEnjuiciamientoCorrupta ha superado los 2 millones de interacciones, con un 65% de usuarios rechazándola según sondeos de El Mundo.

Económicamente, la reforma podría ahorrar 100 millones anuales en procesos judiciales, pero socialmente ha polarizado, con un 55% de encuestados en El País viendo riesgo de impunidad y un 40% apoyando la eficiencia. Políticamente, fortalece a Sánchez ante sus socios, pero arriesga un bloqueo en el Senado, donde el PP tiene mayoría. Esta ley no solo reforma el procedimiento, sino que deja un legado de confrontación en un España donde la justicia se ha convertido en campo de batalla.