El Congreso de Perú ha destituido a la presidenta Dina Boluarte mediante una moción de vacancia aprobada con 87 votos a favor, 12 en contr...
El Congreso de Perú ha destituido a la presidenta Dina Boluarte mediante una moción de vacancia aprobada con 87 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención, acusándola de "incapacidad moral permanente" para gobernar, un golpe que pone fin a su mandato provisional iniciado en diciembre de 2022 tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo. Boluarte, de 62 años y exvicepresidenta, enfrenta ahora un proceso judicial que podría llevarla a prisión por presuntos delitos de corrupción, violación de normas éticas y negligencia en el liderazgo durante una crisis política y social que ha paralizado al país sudamericano. Su popularidad, que se hundió al 3% según encuestas independientes, reflejaba el descontento masivo por su gestión represiva de protestas que dejaron más de 60 muertos en 2023 y escándalos de enriquecimiento ilícito que involucran joyas de lujo y contratos irregulares en el Ministerio del Interior.
La moción de vacancia, impulsada por una coalición de independientes y opositores al oficialismo, argumenta que Boluarte ha incumplido su deber constitucional de garantizar la estabilidad y el respeto a los derechos humanos, agravado por investigaciones en curso sobre malversación de fondos públicos y abuso de poder. El documento, de 20 páginas, detalla cómo la presidenta autorizó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en las calles de Lima y Arequipa, un episodio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de "represión desproporcionada". Además, acusa a Boluarte de acumular un patrimonio inexplicable, incluyendo relojes Rolex y joyas valoradas en cientos de miles de dólares, comprados durante su mandato sin justificación de origen. Su incapacidad moral, según el Congreso, se evidencia en la parálisis económica —con un PIB cayendo un 1.2% en 2025— y la erosión institucional, donde el 70% de peruanos desconfía del gobierno según sondeos locales.
Boluarte, que asumió tras el arresto de Castillo por intento de disolución del Congreso, gobernó en un limbo constitucional que le permitió extender su mandato hasta 2026, pero su estilo autoritario y alianzas con el Congreso para bloquear elecciones anticipadas generaron un rechazo generalizado. La moción, firmada por 40 congresistas de Fuerza Popular, Acción Popular y Avanza País, destaca su fracaso en responder a la crisis social, con un 40% de pobreza extrema y protestas indígenas que demandan justicia por las víctimas de 2023. El Parlamento, controlado por la derecha, vio en la vacancia una oportunidad para resetear el poder, eligiendo a José Jerí, de Acción Popular, como sucesor interino hasta elecciones en junio de 2026.
El impacto es inmediato. En Lima, miles de simpatizantes de Castillo han salido a las calles celebrando la caída de Boluarte como "justicia histórica", mientras en Arequipa y Cusco, protestas indígenas exigen investigaciones sobre las muertes de 2023. Jerí, de 52 años y exalcalde de Arequipa, juramentó esta tarde prometiendo "unidad nacional" y una auditoría de la administración Boluarte, con énfasis en anticorrupción y reactivación económica. Económicamente, el sol peruano se ha fortalecido un 2% ante la promesa de estabilidad, pero el PIB podría contraerse un 0.5% adicional si la transición genera inestabilidad.
Socialmente, la destitución ha polarizado: el 60% de peruanos apoya la medida según encuestas rápidas, pero sectores rurales ven en ella un golpe a los pobres, recordando que Boluarte era la primera presidenta mujer. Políticamente, fortalece a la derecha, pero arriesga divisiones si Jerí no convoca elecciones limpias. Boluarte, arrestada provisionalmente, enfrenta un juicio que podría durar años, dejando un legado de controversia en un Perú que anhela normalidad. Esta vacancia no solo cierra un capítulo turbulento, sino que abre la puerta a una democracia renovada, si el Congreso cumple sus promesas.
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