El Gobierno danés ha presentado una propuesta revolucionaria para elevar la edad mínima de acceso a las redes sociales de 13 a 15 años, una...
La propuesta surge tras un informe nacional que reveló que el 70% de los niños daneses de 12 a 14 años pasan más de cuatro horas diarias en redes sociales, un aumento del 25% desde 2022, con un 15% reportando bullying digital y un 10% pensamientos suicidas relacionados con la presión online. Bjerre, apoyada por un consenso multipartidista que incluye al Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal, propuso un modelo de "infancia digital libre" que prohíbe a menores de 15 años crear cuentas en plataformas sociales, salvo con autorización parental estrictamente regulada y verificada por documentos oficiales. Las empresas que violen esta norma enfrentarán multas de hasta 5 millones de euros o el bloqueo de sus servicios en Dinamarca, una medida que ya ha generado reacciones mixtas entre gigantes como Meta y ByteDance, que operan en el país con 2 millones de usuarios menores.
El plan incluye un paquete educativo de 20 millones de euros para capacitar a padres y maestros en el uso seguro de la tecnología, promoviendo actividades offline como deportes y arte. El gobierno cita datos que muestran que los niños daneses de 10 a 14 años tienen un 30% menos de interacciones sociales cara a cara desde 2020, atribuyéndolo al auge de los "scrolling marathons" en TikTok, donde el promedio de visualización es de 3 horas diarias. La ministra ha enfatizado que "la infancia no debería ser un campo de batalla digital", proponiendo un período de transición de 18 meses para que las empresas adapten sus sistemas de verificación de edad, que actualmente se basan en declaraciones de honor poco fiables.
La reacción internacional es inmediata. Países como Suecia y Finlandia han mostrado interés en unirse a la iniciativa, mientras Francia, con Macron, ha pedido una discusión en la UE, donde el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) establece 13 años como mínimo. En contraste, Alemania y Países Bajos ven riesgos legales por posibles violaciones de derechos digitales, y ONG como Save the Children abogan por un enfoque educativo antes que prohibitivo. En Dinamarca, el 60% de la población apoya la medida según una encuesta de DR, pero el 30% teme que impulse el uso de VPNs para evadirla, un desafío que el gobierno planea contrarrestar con bloqueos IP.
Económicamente, las plataformas podrían perder 15 millones de euros anuales en publicidad dirigida a menores en Dinamarca, un mercado pequeño pero influyente. Socialmente, fomenta un retorno a la vida offline, con un 45% de padres dispuestos a limitar pantallas. Políticamente, fortalece a Bjerre, pero expone tensiones con la industria tech, que amenaza con demandas ante la UE.
Esta propuesta no solo redefine la infancia digital, sino que deja un legado de protección que podría transformar las políticas globales.
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