España paga billetes de avión para deportar a 21 activistas de la flotilla desde Israel con fondos públicos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha confirmado que ha utilizado fondos públicos para costear los billetes de avión de 21 activi...

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha confirmado que ha utilizado fondos públicos para costear los billetes de avión de 21 activistas españoles de la Global Sumud Flotilla, considerados por algunos como ultraizquierdistas, que ya están volando de regreso desde Tel Aviv hacia Madrid-Barajas para "agilizar su salida" de Israel tras su detención durante la misión humanitaria interceptada. Esta decisión, revelada por el ministro José Manuel Albares en una rueda de prensa de madrugada, ha desatado una polémica inmediata, con críticas de la oposición y sectores conservadores que denuncian el uso de dinero de todos los españoles para repatriar a individuos vinculados a causas radicales. Los activistas, entre los que se incluye la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, firmaron documentos de deportación tras días de retención en la prisión de Saharonim, mientras otros 28, incluyendo miembros de la CUP y Podemos, permanecen detenidos al negarse a hacerlo.

El coste del operativo, estimado en más de 30,000 euros para los vuelos comerciales desde Tel Aviv, fue asumido por el consulado español tras negociaciones con las autoridades israelíes, que exigieron la firma de un documento reconociendo su entrada "ilegal" como condición para la liberación. Albares justificó la medida como una "acción consular urgente" para proteger a los ciudadanos españoles, destacando que el buque Furor de la Armada Española permanece en aguas cercanas para asistir a los retenidos. Los deportados, que incluyen sindicalistas, periodistas y voluntarios, despegaron a las 23:30 hora local de Israel (01:30 CEST), con llegada prevista a Madrid-Barajas a las 05:00 CEST, donde serán recibidos por familiares y simpatizantes. Entre ellos, Colau ha prometido una rueda de prensa para denunciar las condiciones de detención, incluyendo supuestos abusos como la falta de agua y comida durante 36-40 horas.

La decisión ha encendido la polémica en España. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el gasto como "un abuso intolerable", exigiendo una auditoría y acusando al Gobierno de Sánchez de "financiar a radicales" con dinero público. Vox ha ido más allá, presentando una moción de censura en el Congreso para cuestionar el uso de fondos en "activistas pro-Hamás", mientras Ciudadanos pide transparencia sobre el coste total. Desde Ferraz, el PSOE defiende que el pago es un deber consular para proteger a nacionales, independientemente de sus ideologías, y señala que los 21 aceptaron la deportación para evitar un proceso judicial prolongado en Israel. Sin embargo, el silencio de Sánchez sobre el asunto ha alimentado especulaciones sobre tensiones internas en el Gobierno.

Los 21 deportados forman parte de los 49 españoles detenidos tras la intercepción de la flotilla el 2 de octubre, que pretendía llevar 500 toneladas de ayuda a Gaza. Israel sostiene que los barcos estaban vacíos y que la misión era una "provocación", mientras los activistas denuncian torturas, incluyendo a Greta Thunberg, obligada a besar la bandera israelí. Los 28 restantes, como Pilar Castillejo (CUP) y Lucía Muñoz (Podemos), en huelga de hambre, rechazan firmar, prolongando su detención en Saharonim. El caso de dos exetarras en la flotilla, Itziar Moreno y José Javier Osés, complica aún más la narrativa, con la UCO investigando posibles vínculos.

Económicamente, el gasto de 30,000 euros ha sido criticado como innecesario, con alternativas como presión diplomática sugeridas por la oposición. Socialmente, ha polarizado: simpatizantes celebran el regreso, mientras detractores lo ven como apoyo a radicales. Políticamente, el Gobierno enfrenta presión, con la izquierda exigiendo más acción por los retenidos y la derecha buscando capitalizar el escándalo. Con los activistas en vuelo y el debate abierto, este uso de fondos públicos podría marcar un punto de inflexión en la política exterior de Sánchez, dejando un legado de controversia en la solidaridad con Gaza.