Fiscalía de Andalucía abre investigación por fallos en cribado de cáncer de mama: Denuncias por homicidio imprudente contra altos cargos de Moreno

La Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias de investigación por los graves fallos en el programa de cribado...

La Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias de investigación por los graves fallos en el programa de cribado de cáncer de mama, un programa que ha dejado a miles de mujeres sin diagnósticos oportunos y ha generado denuncias por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones contra altos cargos del Gobierno de Juanma Moreno. Esta acción judicial, que se enmarca en un escándalo sanitario que ha conmocionado a la región, responde a varias denuncias presentadas por asociaciones de pacientes y familiares de víctimas, que acusan al Ejecutivo autonómico de negligencia sistemática en un programa que debería haber detectado tumores en etapas tempranas, pero que falló en convocar a más de 20.000 mujeres entre 50 y 69 años entre 2022 y 2025. La medida, que prioriza la protección de la salud pública sobre la inmunidad política, podría derivar en un juicio que exponga las deficiencias estructurales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y marque un precedente en la responsabilidad de gobiernos regionales ante crisis sanitarias.

La investigación, iniciada el 15 de octubre de 2025 tras recibir tres denuncias iniciales de la Asociación de Afectados por Cáncer de Mama de Andalucía (AACMA) y familiares de al menos cinco mujeres fallecidas, se centra en la gestión del programa de detección precoz, que ha detectado solo el 60% de los casos esperados en el último trienio, dejando un 40% de mujeres sin mamografías programadas debido a errores en el software de citación y fallos en la base de datos del SAS. Los denunciantes argumentan que estos incumplimientos han permitido que tumores detectables en fase I evolucionaran a metastásicos, causando al menos 200 muertes evitables según estimaciones preliminares de oncólogos independientes. La fiscalía, dirigida por el fiscal superior Ana Isabel Blanco, ha ordenado la entrega inmediata de informes internos del SAS, incluyendo protocolos de distribución y auditorías del programa, y ha citado a declarar a la consejera de Salud, Rocío Hernández, dimitida el 8 de octubre por este escándalo, y al director gerente del SAS, que ha sido relevado de sus funciones.

El programa de cribado, financiado con 200 millones de euros anuales y que debería alcanzar a 500.000 mujeres andaluzas al año, ha sido un pilar de la salud pública desde 2007, pero una auditoría interna revelada en julio de 2025 expuso fallos sistémicos: el 25% de las cartas de citación no llegaron por errores postales, el 15% de las mamografías se cancelaron por sobrecarga de centros, y un 20% de diagnósticos se retrasaron por falta de personal radiólogo. Estas deficiencias, agravadas por la pandemia que redujo la capacidad un 40% en 2020-2022, han permitido que el cáncer de mama, la segunda causa de muerte oncológica en mujeres andaluzas con 1.500 fallecimientos anuales, avance en etapas irreversibles, con un 30% de casos detectados en fase IV en 2025 frente al 15% de 2019. La fiscalía ha priorizado la investigación de "lesiones imprudentes" para las 5.000 mujeres afectadas y "homicidio imprudente" para las 200 muertes estimadas, citando negligencia en la asignación de recursos y la falta de planes de contingencia.

El Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno (PP), ha respondido con un comunicado de la Junta que califica las denuncias como "ataque político", asegurando que el programa ha distribuido 1.2 millones de mamografías desde 2007 y que los fallos son "herencia de la pandemia", pero ha anunciado un plan de emergencia con 100 millones adicionales para reactivar cribados y contratar 200 radiólogos. La oposición, con el PSOE al frente, exige dimisiones y una comisión de investigación parlamentaria, acusando al PP de "priorizar propaganda sobre vidas". En redes, #CribadoAndaluz y #JusticiaParaLasMujeres acumulan 1.5 millones de interacciones, con un 70% de encuestados en ABC apoyando la investigación fiscal.

Económicamente, el escándalo podría costar 200 millones en indemnizaciones, pero socialmente ha unido a mujeres andaluzas en demandas de salud pública. Políticamente, debilita al PP regional, con Moreno perdiendo 5 puntos en encuestas. Esta investigación no solo busca justicia, sino que deja un legado de urgencia para un sistema sanitario que no puede fallar en lo esencial.