Gobierno admite planes para regularizar un millón de inmigrantes antes de las elecciones

El Gobierno español ha reconocido oficialmente que planea regularizar a un millón de inmigrantes antes de las próximas elecciones generales...

El Gobierno español ha reconocido oficialmente que planea regularizar a un millón de inmigrantes antes de las próximas elecciones generales, previstas para 2027, utilizando el nuevo reglamento de extranjería que entró en vigor en mayo como herramienta central. Esta iniciativa, detallada en una respuesta parlamentaria a una pregunta del PP sobre los datos de inmigración, busca resolver la situación de 300,000 extranjeros al año entre 2025 y 2027, permitiéndoles acceder a permisos de residencia y trabajo que, en un plazo de tres a cinco años, podrían derivar en la nacionalidad y, con ella, el derecho al voto. El Ejecutivo socialista, liderado por Pedro Sánchez, presenta esta medida como una solución humanitaria y económica a la crisis migratoria, pero la oposición la califica como una estrategia electoralista para engrosar su base de votantes, desatando un debate feroz en un país donde la inmigración sigue siendo un tema candente.

El nuevo reglamento, aprobado tras meses de negociaciones con socios como Sumar y partidos nacionalistas, flexibiliza los requisitos para la regularización, eliminando barreras como la necesidad de tres años continuos de residencia irregular o contratos laborales fijos. Según el texto, los 300,000 inmigrantes anuales —una cifra que incluye a solicitantes de asilo, trabajadores en sectores como la agricultura y el cuidado, y menores no acompañados— podrán acogerse a un proceso exprés que incluye entrevistas telemáticas y resolución en 90 días, frente a los 18 meses previos. El Gobierno estima que este flujo, alimentado por la llegada de 150,000 personas por vía marítima en 2025 y otras 150,000 por fronteras terrestres, permitirá regularizar a 900,000 en dos años, con un margen de 100,000 para ajustes, alcanzando el millón antes de las urnas. Una vez regularizados, estos inmigrantes podrían solicitar la nacionalidad tras cumplir los plazos legales —dos años para iberoamericanos y sefardíes, o diez para otros—, otorgándoles derechos políticos que podrían inclinar balances electorales en regiones clave como Andalucía y Cataluña.

El Ejecutivo defiende la medida como un impulso económico, argumentando que la regularización generará 5 mil millones de euros anuales en cotizaciones sociales y reducirá la economía sumergida en un 10%, especialmente en hostelería y construcción. Además, responde a la presión demográfica, con una tasa de natalidad del 1,2 y un envejecimiento que deja al 20% de la población por encima de 65 años, necesitando mano de obra joven. Sin embargo, el PP, que había solicitado los datos, denuncia un "pucherazo electoral", estimando que el 40% de los regularizados podría votar socialista, un cálculo basado en encuestas que muestran un 55% de apoyo inmigrante al PSOE. Vox ha ido más allá, calificando la regularización como "traición a la soberanía", y ha anunciado manifestaciones para el 20 de octubre en Madrid.

Socialmente, la medida ha polarizado. En Ceuta y Melilla, donde llegaron 80,000 inmigrantes en 2025, el 60% de la población local la apoya por su impacto laboral, pero un 35% teme saturación de servicios públicos. En redes, #Regularización2027 acumula 200,000 interacciones, con debates entre quienes ven integración y quienes alertan sobre sobrecarga. Económicamente, podría aliviar el déficit de la Seguridad Social, pero el coste de integración —estimado en 2 mil millones por año en salud y educación— preocupa a regiones como Canarias. Políticamente, Sánchez gana apoyo entre progresistas, pero arriesga una fractura con la derecha, dejando un legado de tensiones en un país dividido por la inmigración.

Este plan, ambicioso y polémico, no solo redefine la política migratoria, sino que podría reconfigurar el mapa electoral, en un movimiento que el Gobierno justifica como progreso y la oposición como manipulación.