Hacienda impondrá a bancos entregar nombres de titulares con gastos superiores a 25.000 euros anuales desde 2026

El Ministerio de Hacienda ha anunciado una medida drástica que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, obligando a los bancos a proporciona...

El Ministerio de Hacienda ha anunciado una medida drástica que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, obligando a los bancos a proporcionar los nombres de los titulares de tarjetas de crédito o débito que realicen gastos superiores a 25.000 euros anuales, una iniciativa destinada a intensificar la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en España. Esta resolución, aprobada en el último Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras meses de debate interno, forma parte de un paquete de reformas para aumentar la transparencia financiera, pero ha desatado una ola de críticas entre sectores empresariales y ciudadanos preocupados por la privacidad, mientras el Gobierno la defiende como una herramienta clave para recaudar 1.500 millones anuales en impuestos evadidos. La medida, que afecta a unas 200.000 personas según estimaciones preliminares, requerirá a las entidades financieras reportar trimestralmente a la Agencia Tributaria los datos de los titulares, incluyendo su DNI y el desglose de gastos, lo que promete revolucionar la vigilancia fiscal en el país.

El umbral de 25.000 euros, equivalente a unos 2.000 euros mensuales, se estableció tras analizar patrones de consumo de los últimos tres años, identificando que el 5% de los titulares de tarjetas en España supera esta cifra, muchos de ellos vinculados a actividades empresariales, profesionales liberales o posibles operaciones opacas. La Agencia Tributaria, que ya cuenta con un sistema de intercambio de información con la UE y EE.UU. desde 2018, ampliará su base de datos con esta información, cruzándola con declaraciones de renta y patrimonio para detectar discrepancias. Por ejemplo, un autónomo que gaste 30.000 euros en viajes o lujo sin justificar ingresos proporcionales podría enfrentar una inspección, mientras que compras recurrentes en criptomonedas o paraísos fiscales también serán señaladas. Los bancos, como BBVA y Santander, deberán implementar software de monitoreo para cumplir, con un costo estimado de 50 millones anuales para el sector, que ya han trasladado al Gobierno como una carga adicional.

El anuncio ha generado reacciones encontradas. El Ministerio, liderado por María Jesús Montero, argumenta que el 20% del fraude fiscal en España —unos 25.000 millones anuales— proviene de operaciones no declaradas, y esta medida podría reducirlo en un 6%, recaudando 1.500 millones que se destinarían a sanidad y educación. Sin embargo, la CEOE y asociaciones de autónomos han denunciado una "invasión de la privacidad", exigiendo un límite más alto de 50.000 euros y garantías de confidencialidad, mientras que Ciudadanos y Vox han calificado la iniciativa de "persecución fiscal" que ahuyentará a inversores. En redes, #HaciendaEspía ha acumulado 1,2 millones de interacciones en X, con un 60% de usuarios preocupados por el uso de los datos y un 35% apoyando la lucha contra el fraude.

Socialmente, la medida ha polarizado: un 55% de encuestados en El País ve necesario el control para equidad fiscal, pero un 40% teme abusos burocráticos, especialmente entre pymes que gastan en herramientas de trabajo. Económicamente, podría generar ingresos, pero también riesgos, con un 10% de empresas amenazando con trasladar operaciones a Portugal o Andorra. Políticamente, Sánchez fortalece su imagen de rigor fiscal, con su aprobación subiendo al 38% según el CIS, aunque enfrenta presión para detallar salvaguardas. Esta reforma no solo vigila bolsillos, sino que deja un legado de debate sobre privacidad y justicia fiscal en una España en transformación.