Irene Montero propone expropiar y regular viviendas en lugar de construir: Solución de Podemos a la crisis habitacional

Irene Montero , líder de Podemos y conocida por su postura radical en materia social, ha planteado una propuesta explosiva para abordar la ...

Irene Montero, líder de Podemos y conocida por su postura radical en materia social, ha planteado una propuesta explosiva para abordar la crisis de la vivienda en España: detener la construcción de nuevas casas y optar por la expropiación masiva de inmuebles vacíos junto con una regulación estricta de precios. Desde un acto en Madrid, Montero, que ha sido objeto de críticas por la propiedad de varios inmuebles a nombre de su familia, defendió que esta fórmula es la única vía para garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para jóvenes y familias vulnerables en un país donde el alquiler ha subido un 30% en los últimos tres años. Su planteamiento, que ha desatado un torbellino de reacciones, busca reorientar la política habitacional hacia la redistribución, enfrentándose al modelo de crecimiento inmobiliario tradicional y generando un debate feroz sobre propiedad y derechos.

Montero argumentó que construir más viviendas perpetúa un ciclo especulativo que beneficia a grandes constructoras y fondos de inversión, citando que el 15% de las casas en España —unas 3.4 millones— están vacías, muchas en manos de bancos y grandes tenedores. Propuso un plan de expropiación que obligaría a estos propietarios a ceder inmuebles ociosos al Estado a precios tasados, con compensaciones mínimas basadas en el valor catastral, para crear un parque público de alquiler social. Además, abogó por un tope de precios en alquileres privados del 20% por debajo de la media actual, fijado por ayuntamientos, y sanciones de hasta 500,000 euros a quienes incumplan. "La vivienda no es un lujo, es un derecho; expropiar lo que no se usa es justicia social", afirmó Montero, rodeada de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que han apoyado masivamente la iniciativa.

La propuesta, que Podemos planea llevar al Congreso como enmienda a la Ley de Vivienda de 2018, ha encendido la polémica por el perfil de Montero, cuya familia posee al menos tres propiedades en Madrid y Valencia, valoradas en más de 1.2 millones de euros según registros catastrales. Sus detractores, incluyendo al PP y Vox, la han acusado de hipocresía, señalando que su riqueza inmobiliaria contradice su discurso antiespeculativo, mientras la oposición exige transparencia sobre los beneficios de estas propiedades. Montero ha respondido que sus inmuebles son herencias familiares y no especulativas, defendiendo que su propuesta apunta a los grandes tenedores —bancos, fondos como Blackstone y ayuntamientos con suelo ocioso— que controlan el 40% del mercado.

El impacto económico de la medida sería profundo. Según estimaciones de Podemos, expropiar 500,000 viviendas vacías podría costar al Estado 10 mil millones de euros en compensaciones, pero ahorraría 15 mil millones anuales en subsidios de alquiler, financiando un parque de 200,000 casas sociales. Sin embargo, la CEOE advierte que desincentivaría la inversión privada, con un posible desplome del 10% en el sector inmobiliario, que genera el 12% del PIB español. Socialmente, ha unido a la izquierda y movimientos sociales, con manifestaciones en Barcelona y Sevilla, pero ha alienado a la clase media que ve riesgo en su patrimonio. En redes, hashtags como #ExpropiaYa y #MonteroHipócrita reflejan la polarización.

Políticamente, la propuesta fortalece a Podemos de cara a 2026, pero tensa su alianza con el PSOE, que prefiere incentivos a la construcción. Sánchez ha evadido un pronunciamiento claro, mientras el PP promete bloquearla en el Senado, calificándola de "comunismo confiscatorio". En un España donde el 35% de los jóvenes vive con sus padres por falta de vivienda, la iniciativa de Montero deja un legado de desafío, obligando a replantear si la solución está en construir o redistribuir en una crisis que no da tregua.