La Ejecutiva de Junts per Catalunya ha respaldado por unanimidad la ruptura del pacto de investidura con el Gobierno de Pedro Sánchez , una...
La Ejecutiva de Junts per Catalunya ha respaldado por unanimidad la ruptura del pacto de investidura con el Gobierno de Pedro Sánchez, una decisión que marca el fin de la coalición parlamentaria que sostuvo al PSOE durante dos años y que ha sido calificada como un "golpe simbólico" sin consecuencias reales para el Ejecutivo, ya que Sánchez lleva investido desde noviembre de 2023 y no existe posibilidad viable de una moción de censura que reúna los votos de Vox con los independentistas catalanes. Esta resolución, adoptada este lunes 27 de octubre de 2025 en una reunión a puerta cerrada en Barcelona, responde a la frustración acumulada por el incumplimiento de compromisos clave como la amnistía total y la oficialidad plena del catalán en la UE, y pone en jaque la estabilidad presupuestaria del Gobierno, aunque expertos descartan un derrumbe inmediato dada la fragmentación de la oposición.
La votación, con 25 votos a favor y cero en contra, fue impulsada por el liderazgo de Carles Puigdemont, quien desde su exilio en Waterloo ha defendido que "el pacto ha muerto porque Madrid ha traicionado la palabra dada". Junts, con sus siete diputados, ha sido el pilar de la mayoría parlamentaria del PSOE, aportando los votos necesarios para aprobar presupuestos y leyes orgánicas, pero la falta de avances en la reforma del Código Penal —que debería incluir la amnistía para los líderes del procés— y el veto parcial de Alemania a la oficialidad lingüística han sido el detonante. El partido ha comunicado que no participará en más negociaciones ni apoyará iniciativas gubernamentales, aunque no ha anunciado abstenciones específicas en el Congreso, lo que podría permitir un "apoyo pasivo" en temas no sensibles. Fuentes internas de Junts indican que la ruptura busca presionar para elecciones anticipadas en 2026, un escenario que beneficiaría al independentismo catalán en un contexto de desgaste socialista.
Sánchez, en un breve comentario desde La Moncloa, ha minimizado el impacto, afirmando que "el Gobierno sigue trabajando por la estabilidad y el diálogo con todas las fuerzas", pero la realidad es que el pacto de investidura, firmado en noviembre de 2023, ya no obliga a Junts a apoyar al Ejecutivo, dejando a Sánchez dependiente de ERC y Sumar para alcanzar la mayoría absoluta de 176 escaños. Sin el respaldo de los siete diputados de Puigdemont, leyes clave como los presupuestos de 2026 —que incluyen 10.000 millones en inversión social— podrían naufragar, aunque el PSOE calcula que con ERC (7 escaños) y PNV (5) aún suma 152, cerca del umbral con abstenciones. La moción de censura, que requeriría 176 votos, es inviable: Vox (33 escaños) y Junts no suman ni con el PP (137), y la fragmentación hace imposible una coalición anti-Sánchez.
El impacto económico es inminente. La ruptura podría retrasar la aprobación de los presupuestos, afectando 2.000 millones en transferencias a Cataluña y generando incertidumbre en los mercados, con el IBEX cayendo un 1.2% en la apertura. Socialmente, ha polarizado: un 55% de catalanes apoya la decisión según encuestas de La Vanguardia, viendo en ella una defensa de la identidad, mientras un 40% la critica como "chantaje irresponsable". En Madrid, protestas de 200 personas frente a Ferraz han exigido elecciones, con hashtags como #RupturaJunts acumulando 1.5 millones de interacciones en X.
Políticamente, Sánchez enfrenta su mayor desafío desde 2018, con su aprobación cayendo al 35% según El País, mientras Puigdemont se fortalece como líder independentista, aunque arriesga aislamiento si ERC mantiene el pacto. Esta ruptura no solo desestabiliza el Gobierno, sino que deja un legado de fragilidad en un España donde los pactos regionales son el hilo de la gobernabilidad.





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