Maduro pide al TSJ retirar nacionalidad a "vendepatria" que se unan a ejércitos extranjeros: Apunta directamente a Leopoldo López

Nicolás Maduro ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una "consideración constitucional" para retirar la nacionalida...

Nicolás Maduro ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una "consideración constitucional" para retirar la nacionalidad venezolana a todo ciudadano calificado como "vendepatria" que se sume a un "ejército extranjero imperialista" con el objetivo de invadir el país, una medida que representa una escalada drástica en la represión contra la disidencia y que apunta directamente al opositor Leopoldo López, exiliado en España desde 2020. En un discurso televisado desde el Palacio de Miraflores el 28 de octubre de 2025, Maduro justificó la petición como "defensa de la soberanía" ante supuestos planes de "mercenarios al servicio de EE.UU.", exigiendo que el TSJ interprete el artículo 39 de la Constitución para permitir la revocación de ciudadanía por "traición a la patria". Esta iniciativa, que podría afectar a miles de opositores en el exilio, ha sido calificada por la oposición como "un golpe autoritario" que busca silenciar voces críticas y consolidar el control chavista en un año electoral clave.

La solicitud, presentada formalmente por el fiscal general Tarek William Saab, se basa en el artículo 130 constitucional que obliga a los venezolanos a "defender la patria", interpretado por Maduro como prohibición absoluta de cualquier colaboración con fuerzas extranjeras. El líder chavista mencionó explícitamente a López, fundador de Voluntad Popular y coordinador de la oposición en el exterior, acusándolo de "reclutar mercenarios" para una supuesta invasión desde Colombia, y amenazó con extender la medida a "cualquier traidor que se preste al imperialismo". El TSJ, controlado por magistrados afines al PSUV desde la purga de 2015, tiene 30 días para pronunciarse, pero fuentes internas indican que la sentencia será favorable, permitiendo la creación de una lista negra de "vendepatria" que incluiría a figuras como Juan Guaidó, María Corina Machado y Henrique Capriles, todos en el exilio o bajo persecución.

La medida llega en un contexto de tensión máxima. Desde 2024, más de 300 opositores han sido detenidos por "conspiración", y 7,8 millones de venezolanos viven en el exilio, según datos de ACNUR. Maduro, con una aprobación del 22% según encuestas internas, usa esta iniciativa para desviar la atención de la crisis económica —inflación del 150% anual y escasez de gasolina— y consolidar su base antes de las presidenciales de 2026. La oposición, liderada por López desde Madrid, ha respondido con una campaña global #NoALaDesnacionalización, acumulando 2 millones de firmas en 48 horas y llamando a manifestaciones en 50 ciudades.

El impacto es devastador. Retirar la nacionalidad dejaría a miles sin pasaporte, bloqueando su retorno y acceso a servicios consulares, mientras genera un precedente legal para confiscar bienes. Económicamente, podría ahuyentar inversión extranjera, ya reducida al 5% del PIB. Socialmente, ha unido a la diáspora, con 100.000 venezolanos protestando en Miami y Bogotá. Políticamente, fortalece a Maduro entre su núcleo duro, pero arriesga sanciones de la UE y OEA. Esta petición no solo despoja de ciudadanía, sino que deja un legado de miedo en una Venezuela fracturada.