Parálisis gubernamental: Más de 20 leyes congeladas mientras Bolaños busca control judicial en medio de escándalos de corrupción

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El Gobierno español se encuentra inmerso en una parálisis legislativa que ha dejado más de 20 leyes esenciales varadas en el Congreso, mientras el ministro de Justicia, Félix Bolaños, centra sus esfuerzos en reformar y controlar el poder judicial en un contexto de creciente presión por múltiples casos de corrupción que salpican al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esta situación ha generado un contraste notable: mientras Bolaños defiende un discurso centrado en el "lawfare" —la supuesta politización de la justicia por parte de la oposición—, la agenda legislativa se estanca, dejando de lado prioridades como la reforma laboral pendiente, la Ley de Vivienda Social y la modernización del sistema sanitario, que languidecen en comisiones sin avances desde hace meses. La oposición, liderada por el PP y Vox, acusa al Gobierno de priorizar una agenda ideológica sobre la gestión, mientras los ciudadanos, enfrentados a una inflación del 3.5% y un desempleo al 11%, ven frustradas sus expectativas de cambio.

Las 20 leyes congeladas incluyen proyectos clave como la Ley de Igualdad Salarial, que busca cerrar la brecha de género en un 15% para 2030, la Ley de Infraestructuras Rurales, que prometía 500 millones para carreteras en Castilla y León, y la Ley de Transición Energética, que debía acelerar la instalación de 10,000 MW renovables. Estas iniciativas, presentadas entre 2023 y 2024, han quedado atrapadas en trámites burocráticos, con el PSOE y sus socios de investidura —ERC, Bildu y Sumar— enfrascados en negociaciones que no prosperan debido a disputas ideológicas y falta de consenso. La Mesa del Congreso, controlada por el PSOE, ha sido señalada por retrasar deliberadamente la admisión a trámite de propuestas del PP, como la Ley de Apoyo a Emprendedores, mientras el Ejecutivo dedica recursos a reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano bloqueado desde 2018 y ahora en el centro de la estrategia de Bolaños.

El ministro, en una comparecencia este lunes en La Moncloa, defendió que "la justicia debe ser un instrumento de equilibrio, no de persecución política", aludiendo a investigaciones judiciales sobre la trama Koldo y los sobres de Ferraz, que implican a exministros como José Luis Ábalos. Bolaños ha impulsado una reforma para que el CGPJ sea elegido por una mayoría parlamentaria cualificada, eliminando la influencia de jueces conservadores y alineando el poder judicial con la agenda progresista, un movimiento que el PP califica como "golpe de Estado institucional". Esta prioridad contrasta con la inacción legislativa: el 60% de las leyes pendientes llevan más de 180 días sin mover, según datos del Boletín Oficial del Congreso, un récord desde la legislatura de Zapatero. Sánchez, en un intento de justificar la parálisis, ha culpado a la "obstrucción de la derecha", pero analistas señalan que la fragmentación de su coalición y la falta de liderazgo son los verdaderos obstáculos.

Económicamente, la demora en leyes como la de Vivienda Social ha dejado a 200,000 familias sin acceso a alquileres asequibles, mientras la inflación erosiona el poder adquisitivo un 4% anual. Socialmente, ha generado frustración, con un 65% de encuestados en El País demandando acción legislativa urgente. Políticamente, fortalece a la oposición, que ha convocado manifestaciones en Madrid y Barcelona para el 25 de octubre, mientras el PSOE arriesga su credibilidad si el Constitucional anula las reformas judiciales. Esta parálisis, mientras Bolaños persigue el control judicial, deja un legado de estancamiento en un Gobierno que parece más enfocado en sobrevivir que en gobernar.