Poder judicial de Perú otorga pensión vitalicia a Pedro Castillo: Victoria legal contra el Congreso

El Poder Judicial de Perú ha resuelto declarar fundada la demanda interpuesta por Pedro Castillo, el expresidente derrocado en diciembre de ...

El Poder Judicial de Perú ha resuelto declarar fundada la demanda interpuesta por Pedro Castillo, el expresidente derrocado en diciembre de 2022, contra el Congreso de la República, ordenando el pago inmediato de su pensión vitalicia como exmandatario. Esta decisión, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Constitucional (TC) con un voto mayoritario de tres a dos, representa una victoria simbólica y económica para Castillo, quien ha mantenido su reclamo desde su detención preventiva en la cárcel de Barbadillo. El fallo obliga al Congreso a reconocer los derechos constitucionales del expresidente, incluyendo una pensión mensual de 30,000 soles (alrededor de 8,000 dólares) de por vida, retroactiva a su salida del poder, un monto que podría ascender a más de 2 millones de soles anuales, cubriendo además gastos médicos y de seguridad para él y su familia inmediata.

La demanda de Castillo, presentada en febrero de 2023, argumentaba que el Congreso, al declararlo en estado de rebelión y suspender sus prerrogativas, violaba el artículo 118 de la Constitución Política del Perú, que garantiza a los ex presidentes una pensión vitalicia equivalente al 90% del salario actual del jefe de Estado, más beneficios como vivienda y escolta. El TC, en su resolución de 50 páginas, concluye que la suspensión de derechos no puede extenderse indefinidamente, ya que Castillo no ha sido condenado en firme por rebelión, un delito que requiere sentencia penal para justificar la pérdida de prerrogativas. Los magistrados mayoritarios enfatizan que la pensión no es un privilegio, sino una garantía constitucional para proteger la dignidad del cargo presidencial, independientemente de las circunstancias de salida, y ordenan al Congreso abonar los pagos atrasados en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de multas diarias de 10,000 soles.

Esta victoria legal llega en un momento crítico para Castillo, quien permanece detenido desde su intento fallido de disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022, un acto que lo llevó a la cárcel por presunta rebelión y organización de banda criminal. Sus abogados han argumentado que el fallo refuerza su inocencia política, ya que el TC rechaza la narrativa de "golpe de Estado" impulsada por el Congreso y el Ejecutivo de Dina Boluarte. La pensión, que incluye además un fondo para gastos de representación y salud, podría aliviar la presión económica sobre la familia de Castillo, compuesta por su esposa Lilia Paredes y sus siete hijos, quienes han vivido bajo escrutinio constante. Paredes, investigada por lavado de activos, ha expresado alivio por el fallo, viéndolo como un paso hacia la justicia para su esposo, detenido sin sentencia firme desde hace casi tres años.

El impacto político es inmediato y profundo. El Congreso, dominado por fuerzas anti-Castillo como Fuerza Popular y Renovación Popular, ha reaccionado con furia, con el presidente del Senado calificando el fallo como "un error judicial que premia la rebelión". La oposición ha convocado sesiones extraordinarias para debatir una reforma constitucional que elimine las pensiones vitalicias a ex presidentes, argumentando que benefician a figuras corruptas como Alan García o Alejandro Toledo, quienes también las reciben pese a condenas. Boluarte, cuya legitimidad ha sido cuestionada por Castillo desde la cárcel, ha evitado pronunciarse directamente, pero su gobierno ha insinuado apelaciones al TC para dilatar el pago.

Socialmente, el fallo ha polarizado a Perú. En las calles de Lima y Arequipa, simpatizantes de Castillo han organizado marchas celebratorias, ondeando banderas wiphala y carteles que lo llaman "presidente legítimo", mientras en Trujillo, su tierra natal, familias han compartido anécdotas de su modestia como maestro rural. Críticos, sin embargo, lo ven como un insulto a las víctimas de su gobierno, recordando casos de corrupción como el de Richard Swing o las protestas de 2022 que dejaron 50 muertos. En redes sociales, el hashtag #PensionParaCastillo ha superado las 200,000 interacciones, con debates que van desde el apoyo a su causa hasta demandas de justicia por los abusos durante su mandato.

Económicamente, el pago de la pensión, retroactivo a 2023, podría costar al erario público 1.5 millones de soles iniciales, un monto modesto pero simbólico en un país con un déficit fiscal del 3%. Políticamente, fortalece la narrativa de Castillo como perseguido, potencialmente galvanizando a su base para las elecciones de 2026, donde su partido Perú Libre podría resurgir. Sin embargo, el TC, con su voto dividido, deja abierta la puerta a apelaciones, prolongando la incertidumbre. Este fallo no solo restaura derechos a Castillo, sino que reabre heridas de la crisis de 2022, recordando que en Perú, la política y la justicia siguen entrelazadas en un baile de poder que no termina.