El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal ha anunciado que repercutirá a sus 12 ciudadanos participantes en la Global Sumud Flotilla ...
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal ha anunciado que repercutirá a sus 12 ciudadanos participantes en la Global Sumud Flotilla el coste de los billetes de avión utilizados para su repatriación desde Israel, considerando que tomaron "libremente la decisión de embarcarse en una misión de alto riesgo". Esta medida, que asciende a unos 1.200 euros por persona, contrasta con la postura del Gobierno español, que se niega a cobrar a los 49 activistas detenidos, un gasto total estimado en 25.000 euros que recaerá íntegramente en las arcas públicas. Entre los repatriados españoles figuran figuras controvertidas como Itziar Moreno Martínez y José Javier Osés Carrasco, exmiembros de ETA condenados por delitos graves, lo que ha intensificado las críticas de la oposición por el uso de fondos de todos los contribuyentes en un grupo percibido como radical.
La flotilla, compuesta por 47 embarcaciones civiles con 497 participantes de 48 países, fue interceptada por la Marina israelí el 2 de octubre en aguas internacionales, a 70 millas náuticas de Gaza, dejando a los tripulantes detenidos en la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev. Los portugueses, que incluyeron a dos eurodiputados y varios sindicalistas, fueron liberados el viernes tras firmar documentos de deportación, pero Lisboa ha decidido no asumir el coste de su regreso, argumentando que los activistas eran conscientes de los riesgos y que el Estado no debe financiar "acciones voluntarias de confrontación". El ministro portugués Augusto Santos Silva justificó la decisión como un principio de "responsabilidad personal", enfatizando que Portugal no interferirá en la política exterior de Israel, pero tampoco subvencionará viajes controvertidos.
En España, el ministro José Manuel Albares ha defendido el pago con fondos públicos como un "deber consular" para proteger a nacionales, independientemente de sus ideologías, y ha confirmado que el buque Furor de la Armada Española permanece en la zona para asistir a los 28 activistas que rechazan la deportación, incluyendo a miembros de la CUP y Podemos en huelga de hambre. El gasto de 25.000 euros cubre vuelos comerciales para los 21 deportados, como Ada Colau, que regresaron el domingo a Barajas. Sin embargo, la inclusión de exetarras como Moreno y Osés ha avivado la polémica, con el PP exigiendo una auditoría y acusando al Gobierno de "financiar a terroristas". Vox ha presentado una moción de censura, calificando el pago como "un escándalo que salpica a Sánchez", mientras Ciudadanos pide que los activistas reembolsen el coste.
La decisión portuguesa ha sido aplaudida por su sector conservador, que ve en ella un ejemplo de responsabilidad fiscal, pero criticada por la izquierda, que la considera "inhumana" en un momento de solidaridad con Palestina. En España, el rechazo a repercutir el gasto ha unido a la izquierda en defensa de la acción consular, pero ha polarizado al país, con hashtags como #DeportacionPagada y #NoAlFinanciamientoRadical acumulando miles de interacciones. Albares ha reiterado que el pago es "un acto de soberanía" para repatriar a ciudadanos, pero ha evitado detalles sobre los etarras, cuya presencia en la flotilla ya genera investigaciones de la UCO.
Económicamente, el coste de 25.000 euros es mínimo para el presupuesto de Exteriores (1.200 millones anuales), pero simbólicamente representa el dilema entre derechos y responsabilidad. Socialmente, ha dividido opiniones, con pro-Palestina celebrando el apoyo y conservadores denunciando favoritismo. Políticamente, fortalece a Sánchez frente a la izquierda, pero arriesga un desgaste con la derecha de cara a 2026. Con los 28 retenidos en huelga, esta diferencia con Portugal resalta enfoques nacionales en la solidaridad, dejando un legado de debate sobre el coste de la diplomacia humanitaria.
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