Portugal se convierte en uno de los países más restrictivos para la nacionalidad

El Parlamento portugués ha aprobado una reforma que convierte al país en uno de los más restrictivos de Europa en materia de nacionalidad ,...

El Parlamento portugués ha aprobado una reforma que convierte al país en uno de los más restrictivos de Europa en materia de nacionalidad, exigiendo siete años de residencia legal para ciudadanos de la UE o países de lengua portuguesa, y diez años para el resto de extranjeros, frente a los cinco años que regían hasta ahora. La ley, impulsada por el PSD y respaldada por el voto decisivo de CHEGA, también elimina el derecho automático a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes nacidos en Portugal, exigiendo que al menos uno de los padres haya residido legalmente durante diez años. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, ha sido calificada por la oposición socialista como "un cierre xenófobo" que rompe con la tradición inclusiva lusa, mientras el Gobierno la defiende como "protección de la identidad nacional" en un contexto de presión migratoria que ha elevado la población extranjera al 8% del total.

La reforma, aprobada con 120 votos a favor (PSD, CDS-PP y CHEGA) y 110 en contra (PS, BE, PCP y Livre), modifica la Ley de Nacionalidad de 1981 y responde a la creciente llegada de inmigrantes, con 150.000 solicitudes anuales en 2025, principalmente de Brasil, India y Nepal. Antes, bastaban cinco años de residencia legal y un examen básico de portugués para naturalizarse; ahora, los requisitos incluyen pruebas de integración cultural más estrictas, como conocimiento de historia lusa y compromiso con valores constitucionales, además de un historial impecable de contribuciones fiscales. Para los lusófonos (brasileños, angoleños, mozambiqueños), el plazo sube de cinco a siete años, rompiendo la reciprocidad histórica, mientras para asiáticos y africanos no lusófonos se extiende a diez, el más largo de la UE junto a Austria.

El cambio más controvertido es la supresión del ius soli automático: los niños nacidos en Portugal de padres extranjeros ya no obtendrán ciudadanía al nacer, salvo que uno de los progenitores haya residido legalmente diez años o el menor complete 12 años de escolarización en el sistema portugués. Esta cláusula afecta a 20.000 nacimientos anuales, el 25% del total, y ha generado protestas de asociaciones como SOS Racismo, que han convocado una manifestación de 10.000 personas en Lisboa el sábado. CHEGA, con 50 escaños, ha celebrado la ley como "victoria del pueblo portugués", argumentando que "la nacionalidad no es un regalo", mientras el primer ministro Luís Montenegro la justifica por "sostenibilidad demográfica" ante el envejecimiento luso, con una tasa de natalidad de 1,3 hijos por mujer.

El impacto es inmediato. En 2025, 80.000 personas estaban en proceso de naturalización; ahora, 60.000 verán retrasados sus trámites, generando un cuello de botella en el Instituto de Registos e Notariado. Económicamente, podría reducir la mano de obra en sectores como construcción y hostelería, donde el 30% son inmigrantes, costando 2.000 millones anuales en PIB. Socialmente, ha polarizado: un 55% apoya la reforma según sondeos de Público, pero un 40% la ve como "discriminación". Políticamente, fortalece a la derecha, con CHEGA subiendo al 28% en intención de voto. Esta ley no solo restringe pasaportes, sino que deja un legado de cierre en un Portugal que se reinventa.