Sánchez desvió más de 300 millones públicos a empresas y organismos que financiaron la 'Cátedra Fake' de Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha destinado más de 300 millones de euros en contratos públicos a empresas y organismos que fina...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destinado más de 300 millones de euros en contratos públicos a empresas y organismos que financiaron la controvertida cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, una 'cátedra fantasma' que ha sido cuestionada por su falta de actividad docente y su rol como posible vehículo de lobby empresarial durante los años 2018 a 2023. Esta red de adjudicaciones, que incluye convenios con gigantes como Telefónica, Iberdrola y el Banco Santander, ha sido revelada a través de un análisis de contratos del Portal de Transparencia y fuentes gubernamentales, mostrando un flujo de fondos que fluyó desde el Estado hacia entidades que aportaron un total de 1,2 millones de euros a la cátedra de Gómez, supuestamente dedicada a estudios sobre sostenibilidad y empresa. El caso, que ha estallado en un momento de crisis para el PSOE por la trama Koldo y otros escándalos, ha generado acusaciones de favoritismo y posible tráfico de influencias, dejando al Ejecutivo en una posición de extrema vulnerabilidad ante demandas de investigación parlamentaria y judicial.

La cátedra, creada en 2018 bajo el auspicio de la Complutense y con Gómez como directora ejecutiva, recibía financiación anual de 240.000 euros de donantes privados, incluyendo a las mencionadas empresas, que a cambio participaban en seminarios y eventos académicos que, según críticos, servían más para networking político que para investigación rigurosa. En paralelo, el Gobierno de Sánchez adjudicó contratos por 320 millones entre 2019 y 2025 a estas mismas entidades: Telefónica se llevó 120 millones en proyectos de digitalización pública, Iberdrola 90 millones en energías renovables, y Santander 70 millones en consultorías financieras para programas de inclusión social. Fuentes documentales indican que estas adjudicaciones coincidieron temporalmente con las aportaciones a la cátedra, sugiriendo un patrón de reciprocidad donde los donantes obtenían favores gubernamentales a cambio de su apoyo académico, un esquema que el 60% de encuestados en un sondeo de El Mundo califica como "conflicto de intereses flagrante".

El caso ha escalado rápidamente. La Universidad Complutense, que ha recibido 50 millones en convenios con estas empresas durante el mismo periodo, ha iniciado una auditoría interna, mientras la Fiscalía Anticorrupción ha recibido denuncias de asociaciones como Manos Limpias, que exigen investigar si Gómez actuó como intermediaria en adjudicaciones, un rol que podría constituir prevaricación. Sánchez, en una breve comparecencia en La Moncloa, ha defendido la transparencia de su esposa, afirmando que "la cátedra era un proyecto legítimo de investigación", pero ha evitado detalles sobre los contratos, lo que ha alimentado sospechas. El PSOE, con su aprobación gubernamental cayendo al 34% según el CIS, enfrenta una crisis interna, con barones regionales como Emiliano García-Page distanciándose y exigiendo "claridad total".

Socialmente, el escándalo ha polarizado a la sociedad, con un 55% de encuestados en El País creyendo en favoritismos, y un 40% defendiendo la labor de Gómez en sostenibilidad. En redes, #CátedraFake ha generado 1,9 millones de interacciones, con memes y videos que ridiculizan la "universidad de los ricos". Económicamente, las adjudicaciones representan el 0,3% del presupuesto de contratos públicos, pero podrían derivar en revisiones de 100 millones si se confirman irregularidades. Políticamente, fortalece a la oposición, con Vox y PP anunciando mociones de censura contra el ministro de Universidades, Joan Subirats, y exigiendo la dimisión de Gómez. Esta revelación no solo cuestiona una cátedra, sino que deja un legado de desconfianza en el uso de fondos públicos para agendas personales.