La Seguridad Social ha aprobado una reforma que recortará las pensiones de los trabajadores que opten por la jubilación anticipada voluntar...
La Seguridad Social ha aprobado una reforma que recortará las pensiones de los trabajadores que opten por la jubilación anticipada voluntaria aunque hayan cotizado más de 40 años, una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y que endurece los coeficientes reductores hasta un 21% en los casos más extremos, afectando a más de 150.000 potenciales jubilados anuales. Esta decisión, incluida en el Real Decreto de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones publicado este martes 28 de octubre de 2025 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), elimina la bonificación que existía para largas carreras contributivas y aplica penalizaciones progresivas por cada trimestre adelantado respecto a la edad ordinaria de jubilación, que en 2026 será de 66 años y 8 meses. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha justificado la reforma como "necesaria para garantizar la viabilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional", pero sindicatos y asociaciones de jubilados la han calificado de "injusta y confiscatoria" para quienes han trabajado toda una vida.
La nueva normativa establece que, independientemente de los años cotizados, la pensión se reducirá un 0,55% por cada trimestre anticipado si se jubila con 40 años o más de cotización, un 0,60% si son menos de 40, y hasta un 21% máximo si se adelanta dos años completos. Antes, los trabajadores con 40 años cotizados podían jubilarse a los 63 años con una penalización del 8% como máximo; ahora, esa misma jubilación anticipada con 42 años cotizados implicará un recorte del 16,5%, lo que para una pensión media de 1.500 euros mensuales supondrá una pérdida de 247 euros al mes de por vida. La reforma afecta especialmente a sectores como la construcción, la industria y la hostelería, donde el 60% de los trabajadores con largas carreras optan por la jubilación anticipada por desgaste físico, y elimina incentivos previos que bonificaban con hasta un 4% extra por cada año cotizado más allá de los 35.
El impacto económico es significativo. Según cálculos internos, el recorte ahorrará al sistema 2.500 millones de euros anuales a partir de 2027, cuando entren en pleno los efectos, pero reducirá la pensión media de los nuevos jubilados anticipados en un 12%, afectando a 1,2 millones de pensionistas en la próxima década. Para un trabajador con 44 años cotizados y una base reguladora de 2.800 euros, jubilarse a los 64 años implicará una pensión de 2.240 euros en lugar de los 2.660 que recibiría sin penalización, una diferencia de 420 euros mensuales que se acumula a lo largo de la jubilación. La medida se suma a otras reformas como el aumento progresivo de la edad de jubilación y el destope de las bases máximas, y ha sido criticada por no distinguir entre quienes se jubilan por necesidad y quienes lo hacen por elección.
La reacción ha sido inmediata. CC.OO. y UGT han convocado movilizaciones para el 15 de noviembre en Madrid, con 50.000 esperadas, exigiendo la retirada del decreto y la recuperación de bonificaciones para largas carreras. La Asociación de Jubilados y Pensionistas ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, argumentando vulneración del principio de contributividad. En redes, #RecortePensiones ha superado el millón de interacciones, con un 70% de usuarios criticando la medida como "robo a los trabajadores". Socialmente, ha generado incertidumbre entre los 2,5 millones de cotizantes con más de 40 años, un 55% de los cuales planeaban jubilarse anticipadamente según encuestas internas. Económicamente, podría incentivar el trabajo en negro o la emigración laboral. Políticamente, debilita al Gobierno, con Sumar amenazando con romper el pacto de coalición si no se revierte.
Esta reforma no solo ajusta cifras, sino que deja un legado de desconfianza en un sistema que castiga a quienes más han aportado.
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