La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado un rastreo exhaustivo sobre una donación de un millón de euros al PSOE e...
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado un rastreo exhaustivo sobre una donación de un millón de euros al PSOE en plena pandemia, un ingreso que gestionaron el ex tesorero del partido, José María Barrios, el exministro de Transportes Juan Luis Ábalos y el actual secretario de Organización, Santos Cerdán, según revelaciones que apuntan a irregularidades en la contabilidad partidista. Esta donación, recibida en marzo de 2020 y atribuida a un empresario del sector farmacéutico, ha levantado sospechas por su timing y origen, coincidiendo con adjudicaciones de contratos de mascarillas a la misma compañía, un flujo de fondos que la UCO considera potencialmente opaco y vinculado a la trama de comisiones que ha salpicado al Gobierno de Pedro Sánchez. Los agentes han reconstruido que Barrios, amigo personal de Sánchez desde 2014, tenía "conocimiento directo" de los sobres que circulaban desde Ferraz, la sede del PSOE, un detalle que eleva la gravedad del caso y podría implicar delitos de falsedad documental y malversación en un partido que ha defendido su "transparencia absoluta" en múltiples ocasiones.
La donación, registrada como "contribución privada" en las cuentas del PSOE para el año 2020, fue ingresada en una cuenta bancaria partidista en un momento donde el Gobierno concedía contratos de emergencia por valor de 53 millones de euros a la farmacéutica implicada, una coincidencia temporal que la UCO interpreta como "indicio de reciprocidad opaca". Barrios, que ocupó el cargo de tesorero desde 2017 hasta 2022, gestionó el ingreso junto a Ábalos, entonces ministro de Transportes y responsable de logística pandémica, y Cerdán, el actual número dos del partido y exsecretario de organización en Navarra, un trío que, según la investigación, coordinaba flujos de fondos no declarados para "lubricar" decisiones administrativas. Fuentes de la UCO describen a Barrios como el "nexo clave", con acceso a sobres que contenían "chistorras" —eufemismo para billetes— provenientes de comisiones, un conocimiento que el ex tesorero compartía con Ábalos y Cerdán para "proteger al partido de auditorías externas". El dinero, depositado en una cuenta del PSOE en el Banco Santander, no generó facturas ni recibos, un detalle que Hacienda ha calificado como "sospechoso" en una revisión paralela.
Esta donación millonaria se inscribe en la trama Koldo, donde contratos de mascarillas inflados generaron al menos 1.5 millones en mordidas, con Ábalos como beneficiario principal y Cerdán facilitando contactos navarros para empresas implicadas. Barrios, amigo de Sánchez desde la moción de censura de 2018, habría usado su rol para "camuflar" el ingreso como donación voluntaria, evitando el escrutinio del Tribunal de Cuentas, que aprobó las cuentas del PSOE de 2020 sin detectar opacidades. La UCO, en su informe de 300 páginas, detalla mensajes de WhatsApp de 2020 donde Barrios coordina con Ábalos la "llegada de los folios" —billetes— y a Cerdán le pide "discreción para el jefe", un flujo que fusiona la donación con pagos opacos de la pandemia. El ex tesorero, que dejó el cargo tras el estallido del caso en 2021, vive ahora en Madrid con una pensión de 3.000 euros mensuales, pero su conocimiento directo de la caja B lo expone a posibles imputaciones.
El PSOE, que ha defendido la "impecabilidad" de sus cuentas auditadas, enfrenta ahora una crisis que podría costar 10 millones en multas y donaciones perdidas, con barones regionales como Emiliano García-Page distanciándose y Sumar exigiendo transparencia. Sánchez, en una rueda de prensa de emergencia, ha evitado mencionar a los implicados, acusando a la oposición de "fabricar mentiras" para desestabilizar la legislatura, pero encuestas rápidas de El Mundo muestran un 55% de españoles creyendo en una "caja B" partidista, con un 40% considerando dimitir a Cerdán. La oposición del PP y Vox ha lanzado una ofensiva, con Alberto Núñez Feijóo exigiendo una comisión de investigación parlamentaria y Abascal calificando el caso como "la punta del iceberg de la corrupción sanchista".
Socialmente, el escándalo ha polarizado, con hashtags como #PSOEcorrupto acumulando 1.5 millones de interacciones, y votantes tradicionales del PSOE distanciándose. Económicamente, podría derivar en decomisos de 10 millones y revisiones de contratos pandémicos. Políticamente, fortalece a la derecha de cara a 2026, dejando un legado de desconfianza que podría erosionar la credibilidad del Gobierno. Esta investigación de la UCO no solo rastrea una donación, sino que cuestiona la integridad del PSOE, en un España donde la corrupción sigue siendo un nervio expuesto.





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