El BOE aún dormía cuando el CDTI colgó la resolución: 22.200.000 euros para Openchip & Software Technologies. El proyecto, bautizado com...
El BOE aún dormía cuando el CDTI colgó la resolución: 22.200.000 euros para Openchip & Software Technologies. El proyecto, bautizado como “Acelerador RISC-V de alto rendimiento para IA”, lleva la firma digital de Francesc Guim, CEO, y el sello de Therese Jamaa, vicepresidenta de Alianzas Estratégicas. Ella, la ejecutiva franco-libanesa que comparte vida y ático en Chamartín con José Manuel Albares, sonrió al leer el correo: «Aprobado». En Moncloa, nadie tuvo que levantarse para inhibirse.
El dinero llega del PERTE Chip, esa hucha de 12.250 millones que Pedro Sánchez prometió convertir en “la TSMC española”. Openchip ya se llevó 111 millones en diciembre de 2023, cuando facturaba cero y su plantilla cabía en un Seat Ibiza. Siete meses después ficharon a Jamaa; hoy son 180 empleados y planean 200 más. «Coincidencia», repiten en la empresa. En el PP, Ayuso tuiteó a las 09:47: «Primero Huawei, luego Hispasat, ahora chips. ¿Próximo: la Lotería?».
Therese entró en Openchip en mayo de 2024, un mes después de que el CDTI aprobara la macroayuda anterior. Su LinkedIn presume de «30 años en telecomunicaciones», pero omite que en 2023 la CIA llamó al CNI: «Vuestra ministra de Exteriores en la cama con la número dos de Huawei es un problema». Jamaa dejó la china en mayo de 2023; en diciembre ya era consejera de Hispasat (SEPI) y vicepresidenta de Cruz Roja, que recibe 600 millones públicos al año.
El truco: el CDTI concede por debajo del umbral que obliga a pasar por Consejo de Ministros. Albares ni se entera, ni se inhibe. «Exteriores no pinta nada», repiten sus portavoces. Pero el ministro firmó en 2022 la ley de Ciberseguridad que vetó a Huawei en el 5G mientras su pareja cobraba 25.000 euros mensuales de la china. «No era competencia mía», dijo entonces. Hoy repite guión.
En Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center (46 % de Openchip) celebra: «Somos el cerebro público detrás del chip». El otro 54 % es de GTD, ingeniería catalana que facturó 80 millones en 2024. Juntos prometen un microprocesador abierto para 2026 que compita con Intel. «Europa necesita soberanía digital», dice Guim. En el Congreso, el PP pide comparecencia urgente de Diana Morant: «¿Cuántos millones más sin pasar por el Consejo?».
A las 11:30, el hashtag #ChipGate superaba los 87.000 tuits. Un ingeniero anónimo filtró el presupuesto: 8 millones para salarios, 6 para equipos, 4 para viajes a Taiwán. «Therese vuela en business», bromeó. En Openchip responden: «Ella no toca el proyecto técnico; solo abre puertas». Puertas que, casualmente, dan al Ministerio de Ciencia.
En el bar de la esquina de la sede barcelonesa, los becarios brindan con Estrella. «Con 22 millones pagamos nóminas hasta 2028», dice uno. Afuera, un cartel: «Se busca ingeniero FPGA. Experiencia no necesaria, pero trae ilusión». En Madrid, Albares desayuna con la embajadora francesa. No habla de chips. Habla del Sáhara. Su móvil vibra: mensaje de Therese con un emoji de cohete. Él responde: «Enhorabuena, amor». Nadie más lo ve.
Mañana, el CDTI publicará el acta. Pasado, Bruselas auditará. En 2030, quizá tengamos un chip español. Hoy, España tiene otra noticia que huele a puerta giratoria con aroma a fondant europeo. Y 22,2 millones que nunca pisaron el Consejo.
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