Alemania propone Ley de Vigilancia Masiva: Hackeo sin sospecha, rastreo de vuelos y fin a la supervisión independiente

El Ministerio del Interior alemán ha presentado un proyecto de ley que autoriza a las autoridades a hackear dispositivos electrónicos sin ...

El Ministerio del Interior alemán ha presentado un proyecto de ley que autoriza a las autoridades a hackear dispositivos electrónicos sin sospecha previa, rastrear automáticamente a todos los pasajeros de aerolíneas, y eliminar la supervisión judicial independiente en la recolección de datos, un paquete de medidas que representa el mayor retroceso en derechos de privacidad desde la posguerra y que ha generado alarma entre defensores de libertades civiles. El borrador, filtrado este martes 28 de octubre de 2025, permite el uso de malware estatal (trojanos gubernamentales) para acceder a smartphones, ordenadores y sistemas IoT de cualquier ciudadano, incluso sin indicios de delito, bajo la justificación de "prevención de amenazas graves". Además, introduce la recolección masiva de datos de vuelos (PNR) con análisis automático de patrones de viaje, y despliega tecnologías como drones con reconocimiento facial, escáneres de matrículas en tiempo real y bases de datos automatizadas sin necesidad de autorización judicial previa.

El proyecto elimina requisitos legales que obligaban a obtener órdenes judiciales para vigilancia masiva, sustituyéndolas por decisiones internas del Ministerio del Interior, y suprime la figura del Comisionado Federal de Protección de Datos como supervisor independiente en operaciones de inteligencia. Las nuevas bases de datos automatizadas podrán cruzar información de redes sociales, historiales bancarios y geolocalización sin límites temporales, con un período de retención de hasta 10 años. El texto también autoriza el uso de drones policiales con cámaras 4K y software de reconocimiento biométrico en manifestaciones y eventos públicos, y la instalación de escáneres de matrículas en todas las autopistas, con almacenamiento indefinido de rutas.

La consulta pública del proyecto se limitó a dos semanas en pleno verano (del 15 al 30 de julio), un período elegido estratégicamente para minimizar la participación ciudadana, recibiendo solo 1.200 respuestas frente a las 50.000 habituales en propuestas similares. Organizaciones como Chaos Computer Club y Digitalcourage han denunciado que "esto convierte a Alemania en un estado de vigilancia total", recordando los abusos históricos de la Gestapo y la Stasi, que motivaron las estrictas leyes de privacidad de la posguerra. El Gobierno defiende la medida como "necesaria ante el aumento del 30% en ciberamenazas y el terrorismo transfronterizo", pero críticos señalan que el 90% de los datos recolectados se usarán en delitos menores como fraude fiscal o evasión de peajes.

El impacto es profundo. Técnicamente, el malware estatal podrá instalarse vía actualizaciones falsas o redes Wi-Fi públicas, accediendo a mensajes cifrados y cámaras. Socialmente, el 68% de alemanes rechaza la ley según encuestas internas, temiendo un "efecto chilling" en la libertad de expresión. Económicamente, costará 2.000 millones en infraestructura, financiados con recortes en educación. Políticamente, debilita al SPD en coalición, con Los Verdes amenazando ruptura. Este proyecto no solo vigila dispositivos: entierra el legado de privacidad que definió a la Alemania democrática.