Álvaro García Ortiz dimite como Fiscal General del Estado tras condena del Supremo

  El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , ha presentado este lunes 24 de noviembre de 2025 su dimisión irrevocable al Gobierno e...

 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes 24 de noviembre de 2025 su dimisión irrevocable al Gobierno en una carta de tres páginas dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en la que anuncia que deja el cargo “con efecto inmediato” tras la sentencia firme del Tribunal Supremo que lo condenó el pasado jueves a dos años de inhabilitación especial y 12 meses de multa por un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. La dimisión, que se ha hecho pública a las 13:15 horas, pone fin a cinco años de mandato, el más turbulento en la historia del Ministerio Público y el primero en el que un fiscal general es apartado del cargo por sentencia judicial.

García Ortiz, de 59 años y nombrado en 2020 por Pedro Sánchez, ha sido condenado por filtrar en 2022 datos reservados de la investigación sobre Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña— a medios afines, una acción que el Supremo calificó de “abuso de poder intolerable” y que “comprometió la imparcialidad de la justicia”. La sentencia, que ya es firme al renunciar la defensa a recurrir, conlleva la pérdida inmediata de su plaza como fiscal en la Fiscalía de Sala de lo Contencioso-Administrativo y la prohibición de ejercer cualquier cargo público relacionado con la justicia hasta 2027.

En su carta, García Ortiz justifica su salida como “un acto de responsabilidad institucional” para “preservar la dignidad del Ministerio Público” y evitar que la crisis se prolongue, aunque insiste en que “nunca actuó con dolo” y que la filtración fue “un error humano en un contexto de presión política extrema”. Agradece al Gobierno su “confianza inquebrantable” y a lo largo de cinco años y pide “respeto” para su familia, que ha recibido amenazas desde la sentencia.

La dimisión abre una crisis institucional sin precedentes: el Ministerio Fiscal queda en funciones bajo la fiscal de Sala más antigua, María Ángeles Sánchez Conde, hasta que el Consejo de Ministros nombre un sustituto interino en un plazo máximo de 30 días. El PP y Vox han exigido la comparecencia urgente de Sánchez y Bolaños en el Congreso, acusándolos de “haber protegido a un condenado durante meses”, mientras Sumar ha pedido una reforma legal para que el fiscal general sea elegido por mayoría cualificada en el Parlamento y no por el Gobierno.

En la calle, 3.000 personas se han concentrado frente a la sede de la Fiscalía General en Madrid con pancartas de “Justicia politizada” y “Dimisión ya”, mientras en redes #GarciaOrtizDimision supera los 2,5 millones de interacciones en pocas horas, con un 68 % celebrando la salida y un 25 % denunciando “cacería judicial”. La Abogacía del Estado ya estudia si García Ortiz deberá devolver los 750.000 euros de salario percibidos desde 2020.

Económicamente, la crisis no tiene impacto directo. Socialmente, ha erosionado aún más la confianza en la justicia, con un 62 % de españoles creyendo que el Ministerio Público está politizado según encuestas recientes. Políticamente, debilita al Gobierno y abre una guerra por el control de la próxima Fiscalía. García Ortiz no solo deja un cargo: deja una institución herida de muerte.