Ángel Víctor Torres otorgó 45 millones a dedo con fondos UE a cinco empresas investigadas: Contratos de emergencia en Canarias superan los 160 millones

El ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática , Ángel Víctor Torres, ha sido señalado por adj...

El ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sido señalado por adjudicar 45 millones de euros en contratos a dedo con fondos europeos a cinco empresas actualmente bajo investigación judicial por presuntos delitos de malversación, fraude en subvenciones y blanqueo de capitales. Los contratos, firmados durante su mandato autonómico entre 2019 y 2023 bajo la figura de emergencia por la pandemia, la erupción del volcán de La Palma y la crisis migratoria, sumaron un total de 160 millones de euros en adjudicaciones directas sin concurso público, de los cuales 17,6 millones recayeron en una sola compañía investigada por la Audiencia Nacional por inflar facturas y desviar fondos a paraísos fiscales. La revelación, que ha estallado como un escándalo de proporciones regionales, pone en jaque la gestión de Torres y amenaza con salpicar al Gobierno central, que ahora debe justificar ante Bruselas el uso de dinero comunitario en procedimientos opacos.

Los cinco contratos millonarios se firmaron entre 2020 y 2022 con empresas especializadas en suministros médicos, logística humanitaria y reconstrucción postvolcánica, todas ellas seleccionadas sin publicidad ni concurrencia competitiva bajo el argumento de "urgencia vital". La compañía que captó 17,6 millones —dedicada al alquiler de material sanitario y transporte de ayuda— está siendo investigada por presentar facturas duplicadas por respiradores nunca entregados y por transferir 4,2 millones a cuentas en Panamá. Otras dos firmas, con 12,4 y 9,8 millones respectivamente, enfrentan acusaciones de subcontratar a empresas fantasma y de inflar costes en un 40 %, mientras las dos restantes, con 8,1 y 7,2 millones, están vinculadas a familiares de altos cargos del PSOE canario. Los fondos procedían en un 70 % del FEDER y del Plan de Recuperación europeo, lo que ha activado una auditoría exprés de la Comisión Europea que podría exigir la devolución de hasta 50 millones si se confirma el mal uso.

La oposición en Canarias ha exigido la comparecencia inmediata de Torres en el Parlamento regional y la creación de una comisión de investigación, mientras el PP ha registrado una moción de censura simbólica contra el actual presidente Fernando Clavijo por "heredar la opacidad". En Madrid, el ministro ha emitido un comunicado defendiendo la "legalidad" de los procedimientos de emergencia y recordando que "salvaron vidas en momentos críticos", pero evita mencionar las empresas investigadas. La Fiscalía Anticorrupción ha ampliado la causa abierta en 2024 para incluir estos contratos, con registros en la sede del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife y en domicilios de ex altos cargos.

El escándalo ha generado protestas en Las Palmas y La Palma, donde 3.000 personas han bloqueado la avenida marítima con pancartas de "Dinero UE robado". En redes, #TorresADedo supera los 1,5 millones de interacciones, con vecinos de Cumbre Vieja exigiendo que los 17,6 millones se destinen a viviendas definitivas. La Palma, aún con 1.200 familias en módulos tras el volcán, ve cómo el dinero de emergencia se evaporó en adjudicaciones dudosas.

Económicamente, el desvío podría costar a Canarias 100 millones en fondos congelados. Socialmente, ha unido a damnificados en furia, con un 68 % exigiendo dimisiones según encuestas locales. Políticamente, debilita al PSOE, con su aprobación cayendo al 32 %. Estos contratos no solo adjudican millones: cuestionan la emergencia como excusa para la opacidad en unas islas que aún reconstruyen su futuro.